¿Realmente Slim tendrá TV en 18 meses?

La decisión del IFT de acortar los tiempos en la presentación de solicitudes para que Telmex oferte servicios adicionales, podría no representar el atajo en su camino a la televisión.     Reducir el plazo de 24 a 18 meses para que los agentes económicos preponderantes soliciten un permiso que les dé acceso a ofertar servicios adicionales a los contemplados en sus títulos de concesión, no significa el elemento decisivo que apresure la entrada del empresario Carlos Slim al negocio de la televisión. “Pueden pasar 18 meses, y si no se cumplen las condiciones por parte de Telmex –como agente preponderante– para logar el cambio en el título de concesión, de poco habrá servido que se hiciera un recorte en el plazo, ya que pueden pasar 24 o 36 meses en los que no se hagan cambios en el título de concesión”, asegura Andrés Audiffred Alvarado, analista de Grupo Financiero Ve por Más. El pasado 6 de mayo, el pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) aprobó la emisión de los lineamientos generales para que los actuales concesionarios de radiodifusión, telecomunicaciones y telefonía cumplan con los requisitos necesarios para que les sea autorizada la prestación de servicios adicionales a los que establece su título de concesión, los cuales proponen también aceptar la solicitud de los preponderantes en un año y medio. De acuerdo con el analista de Ve por Más, la decisión del regulador de acortar los tiempos en la presentación de las solicitudes de servicios adicionales no representa una ventaja para Telmex o América Móvil en su intención de ofertar video, ya que no asegura que las empresas del grupo que preside Slim Helú cumplan con los requisitos necesarios para lograr un cambio en su concesión. El artículo cuarto transitorio del decreto de la ley de telecomunicaciones establece que las concesiones serán únicas, lo cual permite que los concesionarios puedan prestar todo tipo de servicios por medio de sus redes, mientras cumplan con las obligaciones que les imponga el regulador de las telecomunicaciones, así como las contraprestaciones que disponga en su momento la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). Gabriel Sosa Plata, especialista del sector de telecomunicaciones, coincide en que el plazo propuesto no representa un atajo para Telmex en su camino para ofrecer televisión restringida, e incluso expone que el tiempo original de 24 meses que apoya la administración federal y el del IFT son plazos que no incentivan la competencia. “Este alargamiento artificial por 18 o 24 meses (podría significar) que la sociedad se vea privada de un posible oferente del servicio de TV restringida, en perjuicio de la competencia y a favor de otro oligopolio, en este caso de TV de paga”, advierte el también académico de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). El periodo que hoy se encuentra en la mesa de discusión, así como el original de la propuesta presidencial, podrían ir en contra de los principios de competencia que busca la reforma constitucional en telecomunicaciones. “La Constitución impone la obligación de que los servicios se presten en competencia, por lo que limitar la entrada a un agente económico debe tener una justificación observando los principios de idoneidad y adecuación al fin que se persigue, razonabilidad y proporcionalidad. Todos estos principios y la Constitución misma es incumplida con establecer un periodo de 24 meses, sin justificación”, asegura Clara Luz Álvarez, investigadora en telecomunicaciones y tecnologías de la información del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en un análisis publicado en abril pasado. En este sentido, la académica propone que se autorice la prestación del servicio de TV restringida a Telmex y Teléfonos del Norte (Telnor), pero con medidas asimétricas especiales para evitar que pudieran abusar de su poder de mercado.   Otros preponderantes Pero no sólo Carlos Slim aspira a los beneficios de una concesión única. Emilio Azcárraga, presidente de Grupo Televisa, es otro de los empresarios que podría aspirar a ampliar sus servicios a otras áreas de negocio, como la televisión por Internet. De acuerdo con el objetivo de convergencia que busca la reforma en telecomunicaciones, “Telmex debería entrar al servicio de TV de paga, y Televisa debería tener derecho a ofrecer paralelamente señales en demanda (televisión de paga) en su red de TV abierta”, opina Sosa Plata. Por el momento, el IFT se encuentra a la espera de contar con los elementos necesarios para determinar los requisitos, términos y condiciones que los concesionarios deberán cumplir para transitar al modelo de concesión única, lo cual se dará después de que el Congreso de la Unión apruebe las leyes secundarias de la reforma en telecomunicaciones. Lograr la entrada de Telmex y Televisa a nuevos servicios es una buena forma de coadyuvar a los principios que prometió la reforma en telecomunicaciones. “Así sí hablamos de convergencia”, dice Sosa Plata.