Es de esperarse que, ante la demanda de mayores recursos para reconstruir su infraestructura, estados y municipios afectados por los desastres naturales se vean obligados a endeudarse, ya que los recursos del Fonden serán totalmente insuficientes.

 

 

Por sus características geográficas, México es un país que, de forma inevitable, está constantemente expuesto al embate de desastres naturales. Ante este tipo de eventualidades, los riesgos para la población se magnifican cuando las comunidades afectadas quedan aisladas a causa del colapso en las redes de comunicación y la infraestructura que las conecta con el resto del país.

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Las repercusiones económicas de eventos meteorológicos simultáneos —como el reciente paso del huracán Ingrid y la tormenta tropical Manuel— podrían representar una carga insostenible para el erario, si no se contara con un fondo de prevención adecuado y mecanismos para dar solución inmediata a la catástrofe.

Tan óolo en lo que va de la semana, el gobierno federal ha identificado un millón 200,000 damnificados, 91 carreteras y autopistas con afectaciones, cortes de tierra y el colapso de puentes. Restaurar la infraestructura dañada por los desastres naturales implicará, en el corto y mediano plazo, un desafío mayúsculo para el gobierno. Para cumplir este objetivo, la evaluación de los daños, el cálculo de los costos, así como los planes de reconstrucción que contemplen el gasto focalizado, serán fundamentales.

El Fondo para Desastres Naturales (Fonden) si bien es un recurso de gran utilidad, y al que se debe recurrir en estos casos de emergencia, no siempre es suficiente para garantizar la reparación total de la infraestructura dañada. Esto se debe, en parte, a que los recursos del fondo, no sólo se destinan a la reconstrucción y rehabilitación de infraestructura, sino a la atención de las demandas de ayuda a la población que, por obvias razones, son de carácter prioritario. Además de esto, su cálculo dentro de cada Presupuesto de Egresos depende de una estimación de variables cuya medición es tan aleatoria que resulta muy complicado medir las probabilidades en cuanto a lugar, fecha y consecuencias de un desastre natural.

Para hacer frente a la situación que prevalece en el país, la Secretaria de Hacienda y Crédito Público cuenta con un total de 12,000 millones de pesos: 6,300 millones de pesos provienen del Fonden y otros 6,000 millones de pesos de la contratación de seguros que hizo el gobierno federal hace unos meses. Si los daños materiales en Guerrero ascienden a 5,000 millones de pesos —como afirma el gobernador de la entidad— prácticamente el 80% del Fonden iría directo a ese estado.

 

La deuda como recurso ante desastres naturales

Es de esperarse que, ante la demanda de mayores recursos, estados y municipios se vean obligados a recurrir a diversos mecanismos de financiamiento. Bajo este escenario, es previsible que, en el mediano plazo —sumado a los recursos que provienen de la Federación a través del Fonden—, las entidades federativas recurran a contraer nueva deuda para solventar los gastos de reparación de daños.

Lo preocupante, tomando en cuenta lo sucedido en otras ocasiones, es que una vez obtenidos los recursos a través de endeudamiento, éstos no se destinen a la inversión en obra pública. En la actualidad es alarmante la baja proporción que, producto de su endeudamiento, estados y municipios destinan al desarrollo de infraestructura.

En promedio –entre 2006 y 2011- por cada 100 pesos de deuda que contrataron estados y municipios sólo 14.8 pesos se destinaron a infraestructura. En estados como Veracruz (uno de los más vulnerables ante tormentas y huracanes), de cada 100 pesos de deuda contraída en 2011, sólo se invirtieron 5.20 pesos en gasto en obra pública. De 2006 a 2011, Chiapas, por ejemplo, aumentó su deuda en 252.24% y su gasto en obra pública en apenas 3.54%.

 

Ejercicio eficiente de la deuda en infraestructura

Si bien la ayuda directa e inmediata a la población damnificada por las lluvias es primordial, no se debe pasar por alto la importancia de focalizar el gasto, producto del endeudamiento, a infraestructura privilegiando el cumplimiento en tiempo y calidad de las obras tomando en cuenta a las empresas que cuentan con liquidez suficiente y el equipo necesario para desbloquear las vías de comunicación y reactivar la actividad económica de las comunidades afectadas.

El cambio climático tiene un impacto directo sobre la innovación y el desarrollo de nuevas tecnologías de la construcción que son de vital importancia para hacer frente a las catástrofes naturales. Del mismo modo, en la medida en que los recursos que administran los distintos órdenes de gobierno esté focalizado en inversión a infraestructura de calidad, es la medida en la que estaremos mejor preparados en el futuro para dar respuesta inmediata a catástrofes naturales y sus impredecibles consecuencias.

 

 

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