Pese a la caída de los precios internacionales del petróleo, los ingresos de los estados y municipios se mantienen estables y con un crecimiento anual de 2.9%, dijo la jefa de coordinación con entidades federativas y municipios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Marcela Martínez.

“En la reforma energética también hubo varias cosas positivas para los ingresos de los estados. Primero el Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Fexhi) y el Fondo de Estabilización de Ingresos para Entidades Federativas (FEIEF) se fijan en la Ley de Ingresos, ya no tuvo ese vaivén que estaba sujeto a los ingresos petroleros”, dijo la funcionaria durante su participación en un foro de Moody’s.

Marcela Andrade agregó que durante este mes, se transfirieron 10,000 millones de pesos (mdp) a los estados como una forma de compensar la caída de los ingresos petroleros en el primer trimestre.

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Andrade Martínez mencionó también que el fondo con recursos excedentes de la recaudación del Impuesto Sobre la Renta (ISR), que actualmente cuenta con 60,000 mdp, también ha servido para estabilizar los ingresos de los gobiernos locales.

 

Ley de disciplina financiera, para mejores perspectivas

La funcionaria comentó que la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, que ya fue aprobada por las cámaras de diputados y senadores  y que será promulgada el miércoles, servirá para mejorar la perspectiva financiera de los gobiernos subsoberanos, mediante mecanismos de transparencia y registros públicos de la deuda.

“Esta ley no es sólo para estados y municipios, sino para sus organismos públicos descentralizados. Por ejemplo, tiene reglas de aplicación para las universidades y sus presupuestos”, dijo Andrade en el seminario La Ley de Disciplina Financiera para Entidades Federativas y Municipios: Un Paso en la Dirección Correcta.

La deuda de entidades federativas y municipios asciende a un 3.2% del Producto Interno Bruto (PIB) de México, un nivel que no se considera un riesgo sistémico Pero ante el incremento de las obligaciones financieras de algunas entidades, la ley puede ayudar a que su perspectiva se estabilice con finanzas sostenibles, dijo Andrade.

La Ley contempla regular los créditos que las entidades federativas y municipios contraten y la creación de un registro general de deuda único para todos los pasivos que con el tiempo requieran el uso de recursos de los gobiernos locales y un sistema de alertas de endeudamiento, que fijará los límites de financiamiento para los gobiernos en los ejercicios fiscales subsecuentes.

Aunque esta legislación tiene avances en la sostenibilidad de las finanzas locales, también permite que se pueda refinanciar deuda estatal con la garantía del gobierno federal y que pudo haber sido inconstitucional al no ser aprobada por el congreso local respectivo, alertaron el Centro de Estudios Espinosa Yglesias, el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), México Evalúa y el Centro de Análisis e Investigación Fundar, en un documento emitido el pasado 8 de marzo.

Contrario al propósito de la ley, los especialistas de dichos centros consideran que, de promulgarse esta iniciativa, el monto de la deuda estatal garantizada por la federación pasará del 3% del Producto Interno Bruto (PIB) hasta al 6.5%.

Las organizaciones civiles agregaron que la iniciativa no contiene un catálogo de infracciones por el mal manejo de la deuda pública y en incumplimiento de la ley.

 

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