“Si una mujer entra a la política cambia la mujer, si muchas mujeres entran a la política cambia la política”. La frase, de Michelle Bachelet, gana sentido ante la creciente participación de mujeres en puestos de toma de decisión, a fuerza de reformas electorales, sentencias y la lucha de muchas mujeres. Aunado a estos procesos también surgen preguntas que ahora cobran sentido en nuestro país, por ejemplo, si más mujeres en cargos de elección popular se debería traducir en una agenda legislativa y de gobierno con perspectiva de género.

La LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados se ha hecho llamar la legislatura de la Paridad de Género y con buena razón, al ser la primera legislatura en la historia de México, con una integración paritaria. Las expectativas en torno a una legislatura paritaria son altas. Algunas tienen que ver con la exigencia de que en la medida de que haya más mujeres ganando curules, debe legislarse con perspectiva de género. En otras palabras, se espera que la mayor participación de políticas, en este caso en el Congreso, se refleje en una forma diferente de legislar. Vaya estándar que se impone a las mujeres que logran acceder a los espacios de poder.

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Y aunque son varios los argumentos, a favor y en contra, de estas altas expectativas, un hecho es que justo ha sido la actual Legislatura, la de la Paridad de Género, la que aprobó junto al Senado, la reforma constitucional conocida como Paridad en Todo. En junio de 2019 el Poder Legislativo federal reformó varios artículos constitucionales para asegurar la participación de las mujeres en todos los espacios de toma de decisiones de la vida pública del país. En total, 86 leyes secundarias fueron reformadas. Un hecho histórico si se considera que apenas en 1953 a las mexicanas les era reconocido el derecho de votar y ser votadas.

A pesar de las sucesivas reformas para introducir y elevar la cuota de género, primero de manera voluntaria en 1993 y luego de manera obligatoria a partir de 2002 (con una cuota del 30%) su impacto había sido más bien limitado, pues hasta 2012 la participación de las legisladoras no superaba el 37% en Cámara de Diputados y 34% en el Senado. Esto cambió de manera drástica en la elección de 2018, pues además de lograrse la integración paritaria en ambas Cámaras, se observó que las mujeres fueron tan competitivas como los hombres para ganar por mayoría relativa, es decir, en contiendas directas en territorio.

A lo largo de poco más de dos años hemos visto que cada vez más legisladoras presiden comisiones típicamente encabezadas por hombres, aunque persisten brechas de género dentro de ambas Cámaras, como las coordinaciones parlamentarias encabezadas casi todas por hombres.

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También en esta Legislatura se logró, por fin, tipificar la violencia política contra las mujeres como un delito, y junto con el Senado, se aprobaron reformas para tipificar la violencia digital como un delito: la “Ley Olimpia” que ha sido aprobada por 27 estados hasta finales del año pasado.

Los avances en paridad son medibles y alentadores, sin embargo, junto con la mayor participación de legisladoras se abren diversas cuestiones acerca de si deberíamos esperar una forma diferente de ejercer la labor legislativa, y en general, de hacer política. La reforma constitucional de Paridad en Todo alienta nuevos retos, uno de los principales, si Legislaturas o Gabinetes paritarios serán capaces de marcar una diferencia en la vida de las mujeres y niñas con menos posibilidades de salir de círculos de violencia y pobreza.

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Contacto:

Maestra en Políticas Públicas por la Universidad de Oxford y Licenciada en Ciencia Políticas y Relaciones Internacionales, por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

Twitter: @palmiratapia

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