“Para que el mal triunfe, sólo se necesita que las personas buenas no hagan nada”

Edmund Burke.

En esta ocasión hablaremos de un tema que sobrepasa lo técnico y se cierne sobre lo político, pero con implicaciones tremendas para la industria energética nacional y la posición de nuestro país como miembro de la comunidad internacional que ha firmado compromisos para el combate al cambio climático.

Desde hace algunas semanas, el presidente López Obrador anunció que será presentada una Reforma Constitucional para “devolver” a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la preponderancia como generador de energía con base a los mecanismos de combustibles fósiles, los cuales, son la base de la Empresa Productiva del Estado.

En este sentido, sobra decir que la medida pretendida por el primer mandatario requerirá grandes exigencias legales, técnicas, de competencia económica y regulatorias que, de primer momento, no se ajustan a la realidad institucional ni al marco legal y normativo actual, lo que de primer momento, la reforma Constitucional supondría la punta de un “iceberg” sumamente costoso en todo sentido y que, frenaría las pretenciones presidenciales que se basan en un cortoplasismo peligroso para el Estado de Derecho.

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Sumado a lo anterior, contamos con los propios obstáculos que representa la configuración política de ambas cámaras legislativas, donde los números no favorecen al partido de cuya extracción es el presidente de la República, al menos de manera inicial, además de que tratar de acercar los asientos para una reforma exitosa, implicaría un enorme sacrificio político para el mandatario, sin pasar por alto el hecho de que requiere muchos adeptos dentro del legislativo y que, al día de hoy, no tienen en favor completo los intereses de Palacio Nacional.

De igual modo, los objetivos palaciegos de ejecutar una captura de la industria eléctrica, bajo el amparo de una proporción decretada bajo preceptos ideológicos únicamente, desoyendo los compromisos internacionales para combatir la crisis climática que nos aqueja y que a su vez vendrán a vulnerar las fortalezas de nuestro país como líder económico de América Latina, esto en aras de encontrar una sórdida “soberanía energética”.

Pero, ya es momento de dejar de hablar de una reforma que, hasta el momento, sólo conoce el presidente y su equipo que se encuentra elaborándola en las oficinas directivas de la Comisión Federal de Electricidad; de la cual, sabremos más conforme pase el tiempo y platicaremos de ella en otra entrega de estos artículos.

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Ahora, estamos ante la presencia de un Poder Ejecutivo Federal sumamente proactivo en materia de legislación, cosa que la Cámara de Diputados Federal (en su labor primigenia) ha sido sumamente ausente, especialmente en la anterior legislatura; sin embargo, la hoy actuante no dista mucho de ser más propositiva que la anterior, en especial sobre las iniciativas energéticas, a pesar de tener número considerablemente diferente y más favorable que en el periodo pasado, lo que les permitiría negociar las propuestas dentro de sus diferentes bancadas.

Aquí es dónde aparece una oportunidad real para las y los legisladores federales actuantes, dejando de ser un dique de contención al único creador de legislación que ha aparecido a escena en los últimos tres años, para así pasar a ser un potencial grupo reformador del marco jurídico secundario en materia energética, abriendo las compuertas de dicho dique y convertirlas en un torrente que recupere a la industria energética del país al afluente de competencia económica, desarrollo, generación de empleos, freno a los conflictos internacionales y, no menos importante, retomar el rumbo en los compromisos adquiridos por el Estado mexicano para el combate a la crisis climática que le duele al mundo.

Los Diputados Federales pueden tener una agenda legislativa bastante abultada, tomando en consideración la procastinación de sus anteriores colegas, comenzando por reformas a la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, para dotarlos de mayor independencia de las decisiones de la Secretaría de Energía y alejarlos de la influencia del propio Poder Ejecutivo, sin pasar por alto la necesidad de instaurar mayores requerimientos y rigurosidad a la proposición de las personas titulares de los asientos de Comisionado, al tiempo que se materializan reglas para control interno más robustas.

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Vaya, se requiere una reconfiguración, por no decir un rediseño total de la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, sin omitir a la Agencia de Seguridad Energía y Ambiente, diversificando sus facultades hacia toda la industria y no tenerla en exclusiva dentro de los sectores de hidrocarburos. Atendiendo dicha reconfiguración a la generación de procesos más sencillos, rápidos y congruentes para la obtención de permisos, modificaciones y actualizaciones de los mismos, sin obviar la la imperatividad de eliminar de la Secretaría de Energía, la facultad de regulación de los permisos de importación y exportación de energéticos.

También, pudieran generar una Ley de Agencias de Energía, con la finalidad de otorgar una directriz general a estos importantes mecanismos de vinculación de la industria energética con los diferentes órganos gubernamentales; proporcionando un marco jurídico base direccionado al establecimiento de consejos federales para el desarrollo de políticas públicas en la materia, con base a los datos e información que brinden estas dependencias por su cercanía con las necesidades de los consumidores y los usuarios.

Hablando ya de consumidores, podrían también darle cabida a la creación de una Ley para un organismo de protección y promoción de los derechos de los usuarios de la industria energética, una especie de Ombudsperson Energético dedicado a establecer directrices para la erradicación de la pobreza energética que aqueja a nuestra población. Al tiempo que recaba información de gran importancia para el diseño ordenado de la industria energética, con una visión social.

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Resulta necesario también legislar en un rediseño total de la Ley de la Industria Eléctrica, de la Ley de Hidrocarburos y la Ley de Transición Energética, con la finalidad de cubrir los espacios en donde la actual Administración Pública Federal ha abusado de su posición de autoridad y parte al encontrarse detrás de las Empresas Productivas del Estado. Dándole su debido lugar a la Generación Distribuida y crear las reglas que robustezcan esta figura de autogestión energética.

Ya dentro del rubro de las Empresas Productivas del Estado, es menester considerar la creación de una Ley General de Empresas Productivas, que confiera la oportunidad a los Estados y Municipios para generar sus propias empresas energéticas y abriendo éstas a la inversión privada, con un efecto de despresurización de las enormes cargas con las que cuentan CFE y PEMEX.

En fin, el tablero de ajedrez legislativo está puesto, el Poder Ejecutivo ha aprovechado (por no decir, abusado) las jugadas, es momento de que las diversas bancadas que se consideran opositoras, comiencen a “mover fichas” tomando en sus manos esta enorme oportunidad que la historia y los hechos les brindan para hacer verdadera historia y revertir los efectos de la búsqueda de una “Soberanía Energética”.

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Contacto:

*Santiago Fabián Arroyo Seguedo es CEO y Founder de URSUS Trade & Colsunting.

Twitter: @SarroyoSi

Mail: [email protected]

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.

 

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