Investigado por delitos de cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita, el empresario Alonso Ancira abandonó recientemente el Reclusorio Norte luego de que un juez federal suspendiera el proceso en su contra. El dueño de AHMSA aceptó un pago millonario en reparación del daño causado por presunto lavado de dinero.
Hasta hace algunos años, el nombre de Ancira estaba vinculado con sus logros como empresario. Dentro de los primeros lugares de búsqueda en internet, todavía se encuentra su inclusión dentro del grupo de los 300 Líderes Más Influyentes de México en su calidad de presidente del Consejo de Administración de Altos Hornos de México (AHMSA).
Hace ya cerca de dos años que la FGR giró órdenes de aprehensión contra Emilio Lozoya y Alonso Ancira, este último vinculado con el grotesco sobreprecio al que vendió el complejo industrial Agro Nitrogenados a Pemex, una planta chatarra ubicada en Veracruz que fue adquirida en 2012 por casi 800 millones de dólares.
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Hoy Ancira sale libre luego de alcanzar un acuerdo reparatorio con la FGR por el que deberá entregar 216.6 millones de dólares a Pemex a lo largo de tres años. Según la Fiscalía la cancelación del proceso penal estará sujeto al cumplimiento de los compromisos de reparación del daño. A su vez, la Unidad de Inteligencia Financiera iniciará el proceso para el desbloqueo de sus cuentas bancarias.
El presidente López Obrador calificó el acuerdo como un “hecho inédito”. El calificativo es preciso si consideramos que en México, el problema de la corrupción ha estado íntimamente vinculado no sólo a una impunidad apabullante sino también al fracaso para resarcir a la sociedad los daños causados por esos actos. La recuperación de activos por parte del estado mexicano derivado de la corrupción o el crimen organizado luce distante, incluso comparado con lo que pasa en otros países latinoamericanos.
La reparación del costo a la sociedad provocado por actos de corrupción es un relato poco o nada creíble en México. El centro del Sistema Nacional Anticorrupción, cuyas reformas constitucionales fueron aprobadas en 2015, apunta a la coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno para prevenir, investigar y sancionar la corrupción. Sin embargo, es la fecha que, por diversos factores, el Sistema no ha alcanzado tal coordinación ni tampoco ha logrado poner el foco en la recuperación de activos y la reparación del daño a las víctimas de hechos de corrupción.
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La batalla por erradicar la corrupción sigue siendo una bandera del gobierno de presidente López Obrador. El pago multimillonario que deberá hacer el dueño de AHMSA es un hecho sin precedentes en nuestro país acorde al hilo discursivo que de manera consistente sostiene el presidente. Sin embargo, junto con la sensación de justicia que provoca el hecho que se haya logrado un acuerdo judicial para reparar el daño a Pemex, quedan preguntas abiertas sobre el debido esclarecimiento de las redes de corrupción, a la vez que provoca un mal sabor de boca de que en México los corruptos pueden comprar su impunidad.
Sin embargo, más allá de estás críticas, el caso de Ancira podría evolucionar la estrategia contra la corrupción en México. Éste sienta un precedente importante sobre la necesidad de abordar el problema de la corrupción también desde la reparación del daño social, con lo que se plantean otros dilemas para la justicia mexicana como la forma de ponderar esa afectación al interés público o la identificación de los individuos o colectivos injustamente perjudicados.
La corrupción es un problema que tiene una afectación directa sobre las personas, por lo que el enfoque de la lucha contra ese flagelo en México también debe considerar su impacto en la pérdida de bienestar social.
Contacto:
Maestra en Políticas Públicas por la Universidad de Oxford y Licenciada en Ciencia Políticas y Relaciones Internacionales, por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
Twitter: @palmiratapia
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