La ampliación del plazo de dos años para que Arturo Zaldívar pueda permanecer como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, es un movimiento político que tiene diversos fines que la administración del presidente López Obrador ha planteado para el futuro, no únicamente como un aspecto que puede beneficiarle políticamente, sino como un instrumento que puede incrementar el poder y las atribuciones que ejerce.

Si bien las y los ministros no podrían pronunciarse por las implicaciones de esta ampliación, pues tendrán que resolverla seguramente cuando sea impugnada, si cabría el pronunciamiento del ministro presidente sobre su convicción personal de no permanecer en el cargo más allá del tiempo estipulado, lo cual no chocaría ni causaría interés cuando tengan que resolver el tema, pero su determinación esperar a ver qué decide la SCJN abre las puertas a la ilegitimidad del trabajo de la corte en su conjunto, porque entonces cabría la duda sobre su conocimiento y acuerdo del transitorio antes de su incorporación. Lo que si queda claro es que el ministro Zaldívar ha aceptado entrar al juego del presidente, que busca gobernar en la segunda parte de su mandato sobre la inconstitucionalidad.  

El intento de legislar a través de artículos transitorios no es nuevo, pues ya en el pasado se habían usado como mecanismos para incorporar elementos que no se querían forzar en la discusión, pero que resolvían aspectos temporales o permanentes de las normas establecidas. Pero esto implicaría la posibilidad de que el siguiente transitorio fuera sobre el plazo en que el presidente concluye su mandato o, aún más relevante, sobre las atribuciones que la ley confiere a la autoridad.

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Si bien en el caso del ministro presidente, el cálculo de la constitucionalidad se da porque se dice que no es un nuevo plazo, sino una continuación del anterior, en realidad la elección que la constitución plantea del presidente de la SCJN se da entre sus pares y por periodos definidos. El problema es que el camino sería tortuoso para hacer válido el artículo transitorio planteado, porque la misma corte tendría que declarar su constitucionalidad y después habría que ver el procedimiento que tendrían que crear para hacerlo efectivo.

La posibilidad de que el ministro Zaldívar busque hacer efectiva la ampliación del plazo generaría un conflicto adicional al interior de la corte que, muy seguramente, fracturaría los bloques y las alianzas que hasta ahora se han establecido al interior, donde quienes integran de manera reciente a dicho órgano ya fueron propuestos por el presidente López Obrador, lo que podría llevar a la consolidación de un bloque dominante.

Sin embargo, hay por lo menos dos ministros que podrían buscar la presidencia de la corte, que fueron propuestos durante el sexenio de Felipe Calderón a quienes el presidente López Obrador tal vez buscaría cerrarles el paso, para no tener a un presidente de la corte antagónico o sin afinidad como si la tiene con Zaldívar. Es probable que ampliar al plazo de Zaldívar haya sido la última opción del presidente, ante la imposibilidad de forzar la salida o la no elección de alguno de dichos ministros, como si pudieron hacerlo con el exminstro Medina Mora.

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Por otro lado, más allá de las implicaciones de la ampliación del plazo de Zaldívar, hay otro aspecto que puede ser igual de peligroso, que es la configuración de atribuciones que puedan ser aprobadas como transitorios, que si podrían tener un impacto determinante en la distribución de poder entre los tres poderes.

Forzar la constitucionalidad de las leyes aprobadas por la mayoría del presidente en el congreso, a la no consecución de una mayoría calificada en la corte es, de por si, un riesgo importante en el contexto de una democracia joven como la mexicana. Jugar en el límite es algo que al presidente le conviene y le gusta, porque puede retar a sus adversarios y demostrarles que tiene el poder y la capacidad para hacer lo que quiere. El problema es que estas decisiones tienen implicaciones que van más allá del interés del presidente y que despiertan aspiraciones autoritarias entre diversos actores, que pueden caer en la tentación de consolidar una autocracia con base en artículos transitorios.

Si bien las y los ministros no podrían pronunciarse por las implicaciones de esta ampliación, pues tendrán que resolverla seguramente cuando sea impugnada, si cabría el pronunciamiento del ministro presidente sobre su convicción personal de no permanecer en el cargo más allá del tiempo estipulado, lo cual no chocaría ni causaría interés cuando tengan que resolver el tema, pero su determinación esperar a ver qué decide la SCJN abre las puertas a la ilegitimidad del trabajo de la corte en su conjunto, porque entonces cabría la duda sobre su conocimiento y acuerdo del transitorio antes de su incorporación. Lo que si queda claro es que el ministro Zaldívar ha aceptado entrar al juego del presidente, que busca gobernar en la segunda parte de su mandato sobre la inconstitucionalidad.  

El intento de legislar a través de artículos transitorios no es nuevo, pues ya en el pasado se habían usado como mecanismos para incorporar elementos que no se querían forzar en la discusión, pero que resolvían aspectos temporales o permanentes de las normas establecidas. Pero esto implicaría la posibilidad de que el siguiente transitorio fuera sobre el plazo en que el presidente concluye su mandato o, aún más relevante, sobre las atribuciones que la ley confiere a la autoridad.

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Si bien en el caso del ministro presidente, el cálculo de la constitucionalidad se da porque se dice que no es un nuevo plazo, sino una continuación del anterior, en realidad la elección que la constitución plantea del presidente de la SCJN se da entre sus pares y por periodos definidos. El problema es que el camino sería tortuoso para hacer válido el artículo transitorio planteado, porque la misma corte tendría que declarar su constitucionalidad y después habría que ver el procedimiento que tendrían que crear para hacerlo efectivo.

La posibilidad de que el ministro Zaldívar busque hacer efectiva la ampliación del plazo generaría un conflicto adicional al interior de la corte que, muy seguramente, fracturaría los bloques y las alianzas que hasta ahora se han establecido al interior, donde quienes integran de manera reciente a dicho órgano ya fueron propuestos por el presidente López Obrador, lo que podría llevar a la consolidación de un bloque dominante.

Sin embargo, hay por lo menos dos ministros que podrían buscar la presidencia de la corte, que fueron propuestos durante el sexenio de Felipe Calderón a quienes el presidente López Obrador tal vez buscaría cerrarles el paso, para no tener a un presidente de la corte antagónico o sin afinidad como si la tiene con Zaldívar. Es probable que ampliar al plazo de Zaldívar haya sido la última opción del presidente, ante la imposibilidad de forzar la salida o la no elección de alguno de dichos ministros, como si pudieron hacerlo con el exminstro Medina Mora.

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Por otro lado, más allá de las implicaciones de la ampliación del plazo de Zaldívar, hay otro aspecto que puede ser igual de peligroso, que es la configuración de atribuciones que puedan ser aprobadas como transitorios, que si podrían tener un impacto determinante en la distribución de poder entre los tres poderes.

Forzar la constitucionalidad de las leyes aprobadas por la mayoría del presidente en el congreso, a la no consecución de una mayoría calificada en la corte es, de por si, un riesgo importante en el contexto de una democracia joven como la mexicana. Jugar en el límite es algo que al presidente le conviene y le gusta, porque puede retar a sus adversarios y demostrarles que tiene el poder y la capacidad para hacer lo que quiere. El problema es que estas decisiones tienen implicaciones que van más allá del interés del presidente y que despiertan aspiraciones autoritarias entre diversos actores, que pueden caer en la tentación de consolidar una autocracia con base en artículos transitorios.

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