Desde el 28 de abril, comenzaron a estallar una serie de manifestaciones en Colombia, que se convirtieron en represiones violentas por parte del Estado. La gota que derramó el vaso el vaso en el descontento social fue una reforma tributaria que ya fue retirada del presidente Iván Duque.

Sin embargo, las manifrestaciones masivas en contra del presidente colombiano son la expresión del extendido descontento social hacia su gobierno.

¿Qué es lo que esta pasando en el país sudamericano?

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En abril de 2020, el FMI publicó un reporte sobre Colombia mostrando el severo impacto que empezaba a tener la pandemia de Covid-19 en la economía y el empleo  de ese país.

En 2019, mientras el 20% más rico de la población concentraba el 57% del ingreso total, el quintil más pobre apenas captaba el 3% -según datos de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL)- y esos niveles de desigualdad se profundizaron desde la irrupción de la pandemia mundial, por lo que la pobreza en Colombia se agudizó, solo superada por Brasil en la región.

El FMI  en su análisis sobre el crecimiento económico 2017-2019, consideró que era  positivo pero  destacó que el nivel de la deuda pública era muy alto y Colombia enfrentaba serias dificultades para cubrir sus intereses y las amortizaciones. Además  destacó los problemas estructurales de sus sectores productivos y su falta de competitividad.

La crisis del Covid-19  provocó que en 2020 el Producto Interno Bruto de Colombia  se redujera en un 7%, es decir, la mayor caída en toda la historia colombiana, teniendo el efecto de un aumento en los niveles de pobreza al alcanzar el 42.5% del total de su población, además de ser el tercer país de América Latina con más infectados y muertos por la pandemia.

Con base en las recomendaciones del FMI, el país gobernado por Iván Duque se había convertido en un modelo de estabilidad macroeconómica en Sudamérica, pero  con un alto nivel de la desigualdad económica y  con una crisis social que generó, en años previos a 2020, protestas generalizadas de la población que fueron severamente reprimidas por el gobierno.

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El fuerte impacto de la pandemia en la salud de la población y el elevado número de fallecimientos provocaron que  disminuyeran estas movilizaciones. Sin embargo,  la propuesta de reforma tributaria terminó por encender, nuevamente, el descontento generalizado de amplios sectores populares. Fue: “la chispa que encendió la pradera”.

El Proyecto de Ley 594 – 2020C:  “Ley de Solidaridad Sostenible”, que es la propuesta de  reforma tributaria, supuestamente pretendía asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas. Sin embargo, esta controvertida reforma  fiscal impulsada a mediados de abril  del año en curso por el gobierno  de Iván Duque no alcanzó ni siquiera a ser debatida por el Congreso colombiano.

Dicha reforma tributaria pretendía subir impuestos para recaudar 6.300 millones de dólares. Proponía subir el IVA (impuesto al valor agregado) principalmente de los productos de primera necesidad, servicios públicos y funerarios; y añadir un “impuesto solidario” .

El punto más polémico de esta reforma tributaria proponía que, a partir de 2022, quienes ganan más de 2,4 millones de pesos mensuales (unos 663 dólares de hoy) deberían pagar el impuesto sobre la  renta, una medida rechazada por sindicatos en un país donde el salario mínimo es lo equivalente a 248 dólares.

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La  propuesta gubernamental de aumentar la carga impositiva para trabajadores del sector formal de la economía y los sectores de ingresos medios, en medio de una severa crisis económica provocada por la pandemia, originó, a partir del 28 de abril,  que cientos de miles de personas  protestaran en contra esta reforma fiscal en  Bogotá, Cali, Medellín y muchas otras ciudades. El gobierno de Duque  calificó estas protestas como actos vandálicos y se negó a reconocer que el pueblo colombiano solamente estaba exigiendo sus derechos. Ordenó el despligue de la fuerza pública para frenar a los manifestantes y declaró el toque de queda.  El pueblo de Colombia, lejos de quedarse en sus casas, llamó a Paro Nacional y continuó con las manifestaciones.

La represión se dejó sentir con violentos ataques de la policía contra los manifestantes. El  8 de mayo,  después de 10 días de brutal represión, de acuerdo a cifras oficiales,  el gobierno reconoció que habían fallecido a consecuencia de las acciones represivas 26  personas y había 800 lesionados y 89 desaparecidos.

Una vez más, como ha sucedido en varias ocasiones a lo largo de la historia de Colombia, se repite la respuesta  autoritaria de un Estado que reprime la protesta social,  con grupos paramilitares que siguen actuando pese a que, desde hace  varios años,  se firmaron los acuerdos de paz y se acordó la desmovilización de las fuerzas guerrilleras y de los referidos grupos paramilitares.

El pasado 10 de mayo, la reunión entre el Gobierno Nacional y el Comité del Paro terminó sin acuerdo. Al finalizar  ésta, el Comité declaró que: “no hubo empatía por parte del Gobierno con las razones y peticiones que nos han llevado al paro nacional, ni con las víctimas de la violencia que se ha ejercido de manera desproporcionada”.

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Ante el fracaso en la citada reunión, el Comité del Paro convocó a manifestaciones en Cali, Bogotá, Bucaramanga y Cartagena y otras ciudades  las cuales han continuado a pesar de que sigue el toque de queda y el ejército mantiene sitiando el país.

Qué esperaba la cúpula de Gobierno y empresarial con las medidas tributarias y más; qué esperaban con la respuesta represiva de las manifestaciones.  Posiblemente usar de escudo la pandemia y que los más pobres fueran el escudo de sus intereses económicos,  en su ecuación no contaron con el fastidio social y que la población de América Latina  ya no es la misma callada y manipulable.

Hoy, las mexicanas y mexicanos que defendemos la democracia y los derechos humanos, debemos solidarizarnos con el pueblo de Colombia y repudiar el uso de la fuerza contra las movilizaciones.

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Brenda Calderón Ovando es Antropóloga, periodista, especialista en comunicación y derecho parlamentario, pero sobre todo, mujer de izquierda inmersa en la escena política nacional, siempre trabajando por las mejores causas de México.*

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.

 

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