En los casos criminales la verdad se aleja con el paso del tiempo. El expediente Ayotzinapa es similar, con el agravante de que son los propios responsables de las indagatorias quienes están dilapidando los recursos y avances que se lograron en el pasado y con los que se logró establecer que lo ocurrido en Iguala, Guerrero, la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de hace siete años, se trató de un crimen de lesa humanidad en el que participaron agentes del estado.
A diferencia de lo que ahora se quiere aparentar, en las líneas más sólidas de indagación del hechos siempre se contempló la característica de crimen de Estado, porque participaron policías municipales instigados por un alcalde, quienes se coludieron con el crimen organizado para que 43 estudiantes fueran asesinados y sus cuerpos calcinados.
La importancia de la “verdad histórica” no consiste tanto en los hallazgos en el basurero de Cocula, la barranca de La Carnicería y el Río San Juan, que son muy relevantes, sino en establecer la maquinaria criminal que se echó a andar contra los estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa.
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¿Cómo es que sabemos lo que ocurrió, aunque ahora se quiera negar? Porque lo declararon los participantes. En los expedientes consta que diversos integrantes de la organización delincuencial de los Guerreros Unidos confesaron su participación en los hechos.
Algunos de estos testimonios fueron obtenidos por medio de presiones y torturas, por lo que no tienen legal valor alguno, pero lo dicho por otros sicarios, la mayoría, que fueron sometidos al Protocolo de Estambul, es prueba válida porque no sufrieron presiones para que declararan lo que declararon, es el caso de Juan Manuel Pantoja Miranda “El Pajarraco”, Patricio Reyes “El Pato y Agustín García Reyes “El Chereje”, por señalar algunos.
Es más, solo en dos casos, los de Gildardo López Astudillo “El Gil” y Felipe Rodríguez “El Cepillo” se estableció que sí fueron sometidos a tratos crueles.
En la FGR están empañados en desmontar la “verdad histórica”, aunque no cuentan con otra, porque todo línea conduce a lo mismo.
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Se sostiene que hay un pacto de silencio, pero nadie dice entre quiénes y en uno de los casos criminales sobre los que más se ha escrito y averiguado.
Les parece que el Ejército Mexicano no ha colaborado, pero no presentan pruebas de cuál habría sido la mala conducta de los soldados la noche de los hechos.
Pero mientras esto ocurre, los responsables directos del crimen, van recobrado su libertad. De los 147 detenidos, ya salieron de prisión 77. Un desastre, por dónde quiera que se le vea, ya que en muchos casos se trata de delincuentes muy peligrosos.
Quizá en los próximos meses los fiscales logren la extradición de Tomás Zerón, quien era el director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR y quien descubrió los restos en el río San Juan, pero ahora se ha convertido en el villano favorito, acusado de haber “fabricado” el relato de la “verdad histórica”. Será una victoria pírrica, porque en el fondo saben, quienes ahora mandan en la FGR, que detrás de la desaparición de los normalistas, se encuentra el crimen organizado, ese que sigue actuando con toda la impunidad y el cinismo.
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