Es de todos sabido que Chiapas, es un lugar paradisíaco repleto de maravillas naturales, culturales y arqueológicas, vaya una de las joyas del sureste mexicano; sin embargo, en esta ocasión platicaremos sobre una faceta oscura del Estado, una problemática que está pendiente aún por resolver por parte de las autoridades en todos los niveles de gobierno: El combate al comercio de combustibles de procedencia dudosa o ilícita, comúnmente llamado “huachicol”. Vocablo que tiene un origen incierto, pero que se refiere a los petrolíferos (gasolinas y diésel), que cuentan con una procedencia fuera de la ley, ya sea en la forma más conocida que es el robo perpetrado por particulares hacia productos propiedad de los permisionarios, pasando por el contrabando y tráfico ilegal de productos, hasta complejos esquemas de evasión fiscal que se llevan a cabo en las aduanas, con la anuencia de autoridades mexicanas.
Habremos de recordar que el presidente de la República, desde el inicio de su mandato, hizo un llamado a un combate frontal al comercio de combustibles de procedencia ilícita desde enero de 2019, activando todo el andamiaje institucional para la investigación de estos delitos que no solamente afectan al Estado mexicano vía sus empresas productivas como PEMEX, sino que también causan un detrimento patrimonial a las empresas particulares permisionadas, ya sea en su forma de robo directo o privándolas de la obtención de ganancias lícitas, dado que el “huachicol” es un producto de baja calidad que se expende de forma libre y sin regulación, con precios sumamente bajos que afectan la libre competencia y concurrencia.
Siendo de todos conocido que el resultado de este combate este peculiar delito ha sido sumamente dudoso, tan solo hagamos memoria que entre diciembre de 2018 a febrero de 2019, parte de dicha estrategia provocó una escasez generalizada de combustibles a nivel nacional, en una ejecución muy cuestionable y con nulos resultados; sumándose a ello decenas de notas en diversos medios nacionales en donde conocemos que se han intensificado las acciones de intervención ilegal de ductos, al grado de que uno de estos sucesos cobró más de 100 vidas en un frenesí gasolinero que las autoridades nunca pudieron (o no quisieron) prevenir; a pesar de todo esto, el titular del ejecutivo ha decretado vehementemente haber vencido en esta efímera e invisible guerra, después de que autoridades del Estado de Guanajuato hicieran el trabajo que la federación no pudo, la detención del cabecilla del Cártel de Santa Rosa de Lima, organización criminal que tenía su actividad preponderante sobre la comercialización de petrolíferos de origen ilícito.
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Así pues, es que esta conducta delictiva tiene también un carácter social muy profundo, demuestra que estamos ante el supuesto de un Estado fallido, del cual, a pesar de que los artículos 8 y 9 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Hidrocarburos, establecen, entre otras cosas, que hasta las personas que adquieren al público y utilizan productos petrolíferos ilegales, serán sujetos de sanciones penales; pero eso no es óbice para que las personas continúen viendo como una oportunidad el adquirir combustibles ilícitos, como una forma de alcanzar este insumo tan codiciado a precios irrisorios hasta de 13 pesos el litro. Creando así en los delincuentes una especie de figura que emula a Robin Hood o paladines de la justicia social.
Una vez que se ha podido contextualizar de cierta manera el enorme problema que representa esta actividad punible, se va a poner en la mesa un caso sumamente peculiar, en donde no solamente se hace patente la ausencia de un Estado de Derecho, sino también la posible colusión de las autoridades Federales (Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Comisión Reguladora de Energía, la Agencia de Seguridad Energía y Ambiente, la Secretaría de Energía, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, vía el Sistema de Administración Tributaria y la Unidad de Inteligencia Financiera), sino también de las autoridades Estatales y Municipales del en el sureste.
El autor de la nota, en diversos viajes al sureño estado de Chiapas, en la zona de San Cristóbal de las Casas, Las Margaritas, Tzimol, pero en especial y haciendo un fuerte hincapié en Comitán de Domínguez, se aprecian múltiples expendios callejeros o ambulantes que ponen a disposición de los consumidores gasolinas y diésel de dudosa calidad y procedencia, pero a precios tremendamente bajos que van desde los 14 pesos por litro de combustible hasta los sorprendentes 13 pesos por litro, cuando en las Estaciones de Servicio la gasolina regular oscila en los $19.50 pesos por litro.
Es en este sentido, que al hacer un recorrido por la ciudad de Comitán de Domínguez se lograron contabilizar aproximadamente 270 puestos ambulantes de venta de combustibles ilegales, siendo estos locales colocados estratégicamente en los cruceros de las avenidas más concurridas de la localidad, pudiendo estar edificados como pequeños tejabanes de madera, o incluso, camionetas y camiones que resguardan barriles de plástico de 180 litros, al tiempo que colocan pequeñas mesas en el suelo con bidones sucios y llenos de tierra con capacidades de 4 hasta 50 litros cada uno, mismos que contienen el combustible de dudosa procedencia; el cual, es vendido a los automovilistas, sobre todo vehículos del transporte público, mediante el uso de mangueras de jardinería adosadas a botellas de gaseosa recortadas por la mitad. Pero con la peculiaridad de que las personas que atienden estos expendios, en su mayoría son mujeres indígenas, las cuales están embarazadas (con el riesgo a la salud que implica exponer a una mujer embarazada a los vapores tóxicos y cancerígenos de los petrolíferos), o en el peor de los casos, acompañadas de pequeños infantes que juguetean entre los depósitos de combustibles.
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Es claro que estos tejabanes carecen de toda clase de infraestructura que especifica la NOM-005-ASEA-2016 o permisos de la Comisión Reguladora de Energía; lo que representa un enorme peligro ambiental y de seguridad, pero lo más importante, se trata de un enorme peligro para la salud y vida de las personas; esto porque un peligro ambiental u operativo puede mitigarse o resarcirse de muchas maneras, pero la vida y salud de las personas que eligen exponerse a esto es invaluable.
En este sentido social, al caminar entre estos puestos ambulantes de venta de gasolina ilegal, aprovecho mi posición de oriundo chiapaneco para platicar con las personas que se encargan de dichos expendios; en uno de ellos, sobre la Avenida 10ª Poniente Sur, pude platicar con Alfredo “N” siendo un sujeto ameno pero ligeramente reservado ante la presencia de este “cliente” foráneo, pero con un dialecto chiapaneco que resulta familiar para él; quien refiere que es de origen indígena de la región y avecindado en Comitán, que comenzó esto por invitación de amigos que él tiene en una asociación llamada “Organización Lucio Cabañas”, dirigida por un conocido político y activista en la zona llamado Armando Morales Aguilar. Comentando que originalmente tomó la oportunidad y el riesgo, en virtud de que es más fácil obtener ingresos vendiendo este producto combustible que en la labranza, contando con aproximadamente dos años dedicándose a la venta de este “huachicol”, platicándome que, fue poco después de la entrada al gobierno federal de López Obrador, el Estatal de Rutilio Escandón y el Municipal de Emanuel Cordero Sánchez (todos de extracción del partido Movimiento de Regeneración Nacional), cuando comenzó a darse la oportunidad a la Organización de poder vender este producto que Alfredo mismo reconoce como “huachicol”.
En eso le pregunto si el “gobierno” es quién les “apoyó” con la venta de combustible, a lo que me respondió que el licenciado Cordero, les permite operar sin problemas a cambio de aportaciones vía la Organización, tan es así, que el 18 de noviembre de 2020 habría un operativo del gobierno federal para regularizar el “huachicol”, pero que fueron “avisados” para retirar sus puestos; también platicó mi interlocutor que este “negocio” surgió poco después del “desabasto en el norte”, refiriéndose al desabasto generalizado de petrolíferos de diciembre de 2018 y enero a febrero de 2019, en el marco del inicio de la llamada “Guerra contra el Huachicol” emprendida por el Gobierno Federal. Continuando con la platica con Alfredo, me doy cuenta que estaba presente su joven esposa con un bebé terciado en un rebozo a la espalda mientras vaciaba gasolina desde un tambor arriba de una camioneta, mientras su otro pequeño niño no mayor de 6 años le ayudaba a su madre sosteniendo un bidón donde se vertía el producto; mientras observaba la escena le pregunté a Alfredo sobre el origen del producto, comentándome que la mayoría del producto que vende tiene como origen de Guatemala, el cual internan en forma de contrabando sus amigos que le invitaron al negocio por medio de veredas y caminos en la selva que cruzan la frontera; pero que también le llevan producto desde Tabasco o incluso de Puebla, sobre todo cuando el gobierno guatemalteco decidió cerrar las fronteras entre abril y junio de este año, con la finalidad de contener los contagios por la enfermedad de coronavirus. Pero comentó que el “negocio” se suspendió a finales de abril e inicios de mayo, con motivo de la caída de precios en las Estaciones de Servicio, además de que sus proveedores les comentaban que tenían dos opciones, no vender o vender producto “de más lejos” (refiriéndose a combustibles robados del centro de la República), que era más caro; decidiendo Alfredo y la Organización Lucio Cabañas dejar de vender temporalmente.
Siendo este un ejemplo de cómo, inicialmente una necesidad social de allegarse de recursos, lleva a las personas menos favorecidas a la coadyuvancia de redes criminales de contrabando y robo de hidrocarburos, al grado de saturar con más de 270 expendios de combustible ilegal a una población como Comitán, cercana a los 180 mil habitantes, contra los 10 expendios permisionados por la CRE que operan actualmente bajo la bandera de la marca PEMEX en dicho municipio; lo que se traduce en la alta rentabilidad de estos puestos ambulantes de combustible ilegítimo que, según datos de la propia Organización Nacional de Expendedores de Petróleo, A.C. (ONEXPO), las pérdidas provocadas por esta “competencia desleal” representan más de un 23% sobre las ventas diarias, afectando al menos a 50 Estaciones de Servicio permisionadas y generando pérdidas que se elevan a los 725 mil litros diarios, dejándose de percibir una derrama económica en el orden de los 15.2 millones de pesos diarios a la industria gasolinera regular. Pero esto también se refleja en pérdidas enormes para el Estado mexicano vía Impuesto Especial Sobre Productos y Servicios (IEPS) e Impuesto al Valor Agregado (IVA), con base los cálculos de las pérdidas que reporta ONEXPO llegamos a los 1.42 MMDP anuales que se dejan de percibir por IEPS y 693 MDP anuales por concepto de IVA, combinados resultan en más 2.1 MMDP anuales de pérdidas en impuestos sobre hidrocarburos, esto sin contar las aportaciones obrero patronales e Impuesto Sobre la Renta que generan las gasolineras. Vaya, lo que pareciera una política de “laissez faire” para no afectar derechos de las comunidades indígenas o menos favorecidas de Chiapas, apuntan a que se trata de extensas y muy bien organizadas estructuras de contrabando y robo de hidrocarburos, sumándose a ello evasión fiscal y posibles redes de corrupción en diversos niveles de gobierno.
Para concluir, estamos ante un escenario que se antoja difícil de combatir o de contener pero que, con la voluntad por parte de los actores gubernamentales y trabajando sobre las directrices del gobierno federal de combate a la corrupción sistemática en conjunto con una regulación en materia energética-tributaria eficaz y sustantiva, se podrá regularizar y proveerle oportunidades a la población más desfavorecida del país en este paraíso del sur mexicano.
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*Santiago Fabián Arroyo Seguedo es CEO y Founder de URSUS Trade & Colsunting.
Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.
