Recientemente, The Financial Times publicó una nota lapidaria sobre las acciones que ha emprendido la Comisión Reguladora de Energía (CRE), en torno a la ejecución de un memorándum que enviara a los reguladores energéticos el presidente de la República en junio pasado.
Su autora, señala básicamente que las metas de la actual administración son regresar a las empresas productivas del estado (EPEs), que son PEMEX y CFE, a sus antiguas glorias (o lo que ello signifique); esto bajo el “uso del marco legal actual” en palabras del presidente dentro del memorándum en cita, so pena de llevar a cabo una reforma constitucional regresiva para cumplir los designios del titular del ejecutivo federal.
En este sentido, tanto en la nota de referencia y en el sector energético en general, tenemos que el Gobierno de México a través de la Secretaría de Energía y la CRE, y en menor medida la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Agencia de Seguridad Energía y Ambiente (ASEA), han ejecutado al pie de la letra las indicaciones del titular del gobierno federal sobre este tan recitado “cambio de reglas”, sin embargo, cualquier persona dedicada a la industria energética esperaría un cumplimiento estricto a la Constitución y las leyes secundarias en la materia, atendiendo a los más básicos principios de la actuación de la autoridad, el principio de legalidad, es decir que los actos de cualquier ente gubernamental deben estar fundados y motivados. Vaya, el marco legal actual permite que las EPEs tengan una preponderancia dentro de los parámetros legales y, por ende, ganar terreno en los mercados energéticos, pero sin caer en acciones peligrosamente contrarias a derecho.
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Pero muy lejos estamos de ello, acciones contrarias a las leyes en materia de competencia económica tienen al mercado eléctrico mayorista aplicado en energías renovables, totalmente paralizado y litigando en tribunales constitucionales: Acuerdos del Centro Nacional de Control de Energía y las tristemente célebres Políticas de Confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional.
También tenemos enroques de funcionarios que desconocen totalmente el sector energético, los mercados y los límites legales de la función pública; colocados estratégicamente para “cumplir las instrucciones de la presidencia de la república”[1] en organismos como la CRE o la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER), quienes han mostrado su enorme afinidad a las empresas productivas del estado, vulnerando así el deber legal de imparcialidad y conflictos de intereses. Sin pasar por alto que, en diversos foros y paneles del sector, diversos funcionarios han reiterado su apoyo a PEMEX y CFE como mandato presidencial y convicción ideológica, bajo una retorcida retórica de “saqueo” o “pérdida” patrimonial del Estado por la integración de los ciudadanos en las actividades reguladas en energía.
Aunado a esto, hemos visto filtraciones de comunicaciones internas de la CRE en dónde se instruye a los funcionarios a suspender la emisión de permisos para expendios gasolineros que no sean relacionados con PEMEX, así como negar ampliaciones o permisos nuevos para el mercado eléctrico, sin pasar por alto el hecho de que en el multicitado memorándum se hace materializa la instrucción de negar cualquier solicitud en materia regulatoria que se relacione con proyectos promovidos por ciudadanos. Asimismo, las últimas resoluciones de los reguladores energéticos han sido para favorecer enormemente a las empresas del estado y, que al sumarlo con el evidente conflicto de interés que, cualquier persona con conocimientos básicos de derecho, antoja señalar estas actitudes como antijurídicos, sin eufemismos vaya, delitos cometidos por servidores públicos.
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Sobra ya decir a estas alturas del juego energético nacional que esto ha causado un enorme deterioro del mercado, provocando alzas importantes en los precios finales de los productos como electricidad y combustibles, sin soslayar el hecho de que los impactos ambientales y en la salud de las personas serán motivo de mayores gastos en servicios de salud para atender enfermedades crónicas por el uso extensivo de combustibles fósiles en la generación eléctrica, ni hablar de los daños irreversibles a ecosistemas enteros por esto y la construcción de la Refinería Dos Bocas; sin dejar pasar por alto el hecho de que la hacienda pública ha dejado de recaudar importantes recursos derivados de derechos, aprovechamientos e impuestos al consumo de energéticos y sus actividades reguladas.
Ya ni hablar de las demandas internacionales que se están gestando por el incumplimiento a los puntos regulatorios de tratados internacionales, como es el caso del TMEC, lo que conllevará al pago de importantes sumas de dinero en compensaciones. En general, vemos que el gobierno de la cuarta transformación, en su proceso de cruzada cuasireligiosa de “rescate energético”, está generando precios más altos en energéticos, desempleo, quiebre de negocios, pérdida de ingresos al gobierno, daños a la salud, al ambiente; saliendo muy caro para México y sus habitantes, por tanto, cosas totalmente contrarias a lo que le prometió el presidente durante su campaña política al electorado, contrario a ello, los más beneficiados han sido los empresarios rentistas cercanos al gobierno (ver el caso de Huerta Madre en Refinería Dos Bocas) y los grupos sindicales que controlaban con base a amagos y corrupción a las empresas productivas del Estado y al gobierno en sí, al imponer sus condiciones para el desarrollo de las actividades de la industria.
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En fin, observamos que estos funestos resultados que están generándose con todas las actividades del gobierno y separadas de la legalidad, han actuado con plena libertad y libertinaje en detrimento de las y los mexicanos. Pero antes de proseguir, entendamos que el 80% de las inversiones en materia energética, así como las actividades dentro de las diversas secciones de la industria energética desde el 2012 son desarrolladas por empresas mexicanas y bajo una dinámica de impulso económico interno muy importante, lejos, muy lejos de la idea preconcebida por el presidente y sus leales de que el sector energético estaba “capturado por el innombrable capital extranjero”; siendo la realidad que las empresas extranjeras proveyeron financiamiento y tecnología para aplicar en todos los rubros del sector y potencializar los proyectos, con miras de hacerlos sumamente rentables y competitivos, para finalmente entregarle al consumidor energía “más barata”.
Y aquí llegamos a la gran disyuntiva, jurídicamente cualquier actividad delictiva o ilegal conlleva la intervención de un “sujeto activo”, es decir, alguien que materializa la conducta legalmente reprochable en la realidad, pero también, se requieren de cómplices; es decir, personas que por cualquier motivo o circunstancia aceptan y dejan pasar estas conductas punibles. Ante ello, recordemos que esta complicidad deviene de una conducta sumisa del ideario mexicano, nos sometemos ante el poderoso llevados por sentimientos de temor a un mal futuro o posible, pero no real.
Siendo este sentimiento el que no sólo permea en las y los mexicanos, sino también en el cuerpo empresarial mexicano que, a pesar de ser hecho a un lado, ser desoídas sus peticiones y solicitudes de audiencia, e incluso ser señalados como los villanos y enemigos a vencer por parte del titular del poder ejecutivo federal, sostienen una actitud de complicidad y sometimiento. Aunque cabe aclarar, que existen sus honrosas excepciones y que vemos hoy día defendiendo sus derechos constitucionales en los tribunales federales.
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Igualmente, sabemos que ante una tesis también hay una antítesis, es decir, ante la actividad autoritaria del Estado sobre el sector energético, el propio marco legal nos confieren los mecanismos para acotarlo, ahí están, simplemente es tomar en consideración de que si bien es cierto, las reglas han cambiado las leyes no lo han hecho y que ante este cambio, también debe permear en la mente del empresariado y los consumidores, para pronto en todas las personas, que las formas de conducir los proyectos energéticos no son como antaño, el dialogo se ha cerrado y que es momento de considerar el litigio como una forma de regulación energética; tal como lo refiere Daniel Salomón en su artículo “Pedirle peras al olmo”.
Y como se viene mencionando, la actividad energética no sólo es desarrollada por PEMEX y CFE, sino por las y los ciudadanos por sí mismos o sus empresas; por ello, no es posible concebir una “salvación” del exterior, dado que al final del día los financiamientos e inversiones se retiran del país cobrando sus intereses y compensaciones, dejando al resto a merced de lo que venga ante una industria cómplice y sometida, creando así un entorno de desconfianza ¿cómo queremos a México confiable para invertir si no somos capaces de hacer valer el Estado de Derecho?
Vaya, la parsimonia también genera desconfianza a pesar de contar con instituciones judiciales medianamente confiables y que no son usadas ni por las empresas ni por los consumidores. Muchos dirán “es que el poder judicial está vendido al poder”, pero cosa menos cierta en dicha afirmación, tan sólo veamos los resultados de los amparos promovidos por los participantes del mercado eléctrico, quienes de la mano de asesorías legales impecables han ganado terreno y logrado ajustar, muy a su pesar, las actuaciones de la autoridad al marco constitucional, y que han derivado en acciones aún más reprochables como el dicho ya citado en este artículo de “actuar acatando las instrucciones de presidencia”, lo que más adelante pasará factura ante la justicia, claro, si es que tanto empresas y ciudadanía así lo quieran hacer efectivo.
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Concluyendo, es un hecho de que las reglas del juego han cambiado y debemos considerar tiempos de proyectos, costos e inversiones en el tema de una correcta asesoría estratégica ante una regulación judicializada; también si como empresas energéticas nos niegan una solicitud o se sale de los tiempos legalmente establecidos, exigir mediante las vías legales pertinentes; como ciudadanos y consumidores, lo que nos lleva a usar las instituciones del poder público y, en caso de obtener resultados positivos podemos fomentar un freno a la desconfianza del país; como ciudadanos y consumidores, si los energéticos aumentan de precios al público o nos niegan el acceso a energías eficientes y disponibles, exigir por las vías legales conducentes, se da el mismo efecto. Es hora de ser más activos y llevar el juego bajo las intenciones del árbitro, pero dentro de los reglamentos, no seamos cómplices.
[1] Sesión del Órgano de Gobierno de la Comisión Reguladora de Energía, 06 de octubre de 2020, www.cre.gob.mx
*Santiago Fabián Arroyo Seguedo es CEO y Founder de URSUS Trade & Colsunting.
Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.
