Si es cierto que el cerebro procesa 400 mil millones de bits de información por segundo y estamos solo conscientes de 2 mil de ellos, no hace falta decir que nos estamos perdiendo de mucho más que “algo”.
Uno está lo suficientemente amoldado a la vida diaria y a su marco de referencia personal que se impide activamente la oportunidad de cuestionar dicho condicionamiento.
Pero cuando una opinión es vista como una verdad y pretende ser defendida como depositaria de un activo personal, tiende a caer en sesgos que escapan de la razón y del sentido común.
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La tarea de legislar, más allá de ennoblecer a las personas que lo hacen —como usualmente se dice— las responsabiliza por estar proponiendo herramientas de desarrollo nacional que impactan a quienes pusieron en sus puestos y pagan salarios y prebendas, a los diputados y diputadas.
El país es mucho más que un grupo político y la defensa del estado de derecho resulta tan importante como la altura del debate y la conciencia en el actuar en cada uno de estos representantes de los ciudadanos.
Pero el tema trasciende cuando ni las formas ni el fondo convergen para encontrar canales que prioricen y garanticen el beneficio explícito de los ciudadanos. Por ejemplo, cuando:
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- Surgen descalificaciones
- Cambian la prioridad para buscar un beneficio particular
- Recurren a prácticas incompatibles con la altura del cargo
- Inyectan de ideología divisoria un discurso que tendría que ser abierto, flexible y claro
- Evaden responsabilidades de largo plazo
Las sesiones legislativas pierden el ejemplo de civilidad - Se disfrazan imposiciones
- Usan trucos para forzar voluntades
- Negocian de manera fragmentada y tras bambalinas
- Amedrentan como último recurso
- Ignoran repercusiones geopolíticas estratégicas
- Propagan mensajes de inestabilidad y desconfianza
- Desprestigian el encargo político
- Lanzan discursos patrioteros y lugares comunes
- Desatienden las prioridades nacionales
- Linchan a quien piense diferente
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El llamado materialismo moderno se encargó de despojar a la gente de la necesidad de sentirse responsable de sus actos y de observar las causas y efectos de su conducta.
Por eso la guerra de posiciones solo polariza más el territorio y puede funcionar como una estrategia política de corto plazo, pero es detrimental para la ciudadanía y sus legítimos intereses.
La contrarreforma —que pretendía regresar un sistema monopólico, elevaría los costos de la electricidad, retiraría inversiones e impulsaría una ola de litigios internacionales con los principales socios comerciales del país— ni siquiera es el punto a debatir. Lo es una doble agenda con la intención de dividir a los mexicanos para obtener créditos electorales.
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Si para el cerebro de los legisladores no hay diferencia entre lo que ven y lo que interpretan, quedan expuestos a filtros que los exponen a entender una realidad a modo, independiente de la responsabilidad inherente que lleva la tarea de ejercer la Administración Pública, por lo cual tendrían que ser removidos inmediatamente de ese rol bajo el argumento de no ser aptos.
Pero no hay cómo aceptar errores ni escuchar para crecer. La soberbia y el resentimiento no conocen esas opciones.
Contacto:
Eduardo Navarrete es Head of Content en UX Marketing, especialista en estrategias de contenido y fotógrafo de momentos decisivos.*
Mail: [email protected]
Instagram: @elnavarrete
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