Si bien las instancias gubernamentales han realizado notables esfuerzos para prevenir y desincentivar la venta y compra ilegal de hidrocarburos, el desafío persiste. Hasta agosto de 2021, PEMEX reportó una pérdida por 1,622 millones 783,518 pesos a causa de tomas clandestinas en sus ductos.
Frente a este escenario, dentro del Paquete Económico 2022 se proponen distintas reformas fiscales que, además, permitan a las autoridades realizar una mayor fiscalización y, en su caso, aplicar sanciones más estrictas. Estos cambios llevarían a las empresas de hidrocarburos a incluir información en su contabilidad que, desde años atrás, ya entregan a órganos reguladores como la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía, y que está relacionada con volúmenes producidos y transportados, compras y ventas de los mismos, etc.
En un sentido estricto, el cumplimiento de las modificaciones propuestas no debería implicar una inversión de recursos económicos por parte de las empresas; sin embargo, haría necesario que replanteen sus controles de documentación fiscal, para que sea consistente con la información que ya presentan a los órganos regulares, así como la exactitud en la información que deberán entregar.
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Para lograr la consistencia en la información, una de las primeras acciones sería revisar la fuente que se utiliza, tener la certeza de que, por ejemplo, todos los reportes sobre los controles de volúmenes provengan de la misma fuente de información; además, que exista la vigilancia suficiente para asegurar una correspondencia de datos en los CFDIs tanto emitidos como recibidos.
Otro de los controles más sensibles e importantes que deberían reforzarse es el de inventarios, el cual tendría que ser más exacto, pues la reforma fiscal propone un porcentaje de variación de .5% en hidrocarburos líquidos y el 1% en gaseosos para considerarlo merma y no determinar una utilidad presuntiva. Vale la pena mencionar que, en caso de encontrar una diferencia mayor a estos porcentajes, las autoridades fiscales tendrían la facultad de solicitar el pago de impuestos por esa diferencia, además de que podría conllevar la aplicación de sanciones.
Por otro lado, la aprobación de la reforma implica el reto adicional de contar con un periodo de tiempo muy corto para prepararse. Esto hace indispensable que los líderes de las empresas consideren, desde ahora, la realización de un diagnóstico urgente para determinar si estarían en posibilidades de cumplir a partir del primero de enero del 2022.
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Es importante señalar que estos cambios proponen un cumplimento fiscal que, de fondo, también es operativo. Si bien las empresas podrían recurrir al recurso legal del amparo, la realidad es que la reforma generaría desafíos en la logística de las empresas y el transporte de la mercancía, en caso de no cumplir con nuevos requisitos, como la obligación de que cada unidad transporte cuente con el complemento carta porte correspondiente.
Concientizar sobre este panorama de regulación fiscal ofrece una oportunidad temprana para que cada empresa evalúe sus metodologías de cumplimiento y las haga más eficientes. Es innegable que el combate al contrabando continúa siendo primordial y, de ser aplicado de manera efectiva, podría traer beneficios en términos de competencia. Bajo esta idea, corresponde al sector de hidrocarburos prepararse y colaborar en los esfuerzos por fortalecer al mercado de hidrocarburos para que opere, cada vez, más dentro del marco legal.
Irene Hernández es Socia Líder de Oil & Gas en PwC México.*
Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.
