Hace unos días concluyó una licitación importante de frecuencias para dar servicios móviles en México. A pesar de la importancia de este mercado y la necesidad estratégica de impulsar los servicios en el país, sólo se asignaron 3 de 41 bloques disponibles, porque para el resto no hubo interés.
Este resultado no fue una sorpresa. El Instituto Federal de Telecomunicaciones, los operadores y especialistas del sector hemos señalado reiteradamente que el espectro en México es demasiado caro, y no porque se lo estén arrebatando las empresas en una interacción competitiva de la oferta frente a la demanda, sino porque en algunas oficinas públicas han decidido que este es un recurso jugoso que se puede aprovechar para mejorar las finanzas públicas.
Se han generado estudios, entregado peticiones, celebrado foros públicos y reuniones privadas, para tratar de sensibilizar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Congreso, encargados de fijar los montos de los derechos sobre las bandas de frecuencias, pero los esfuerzos han sido infructuosos.
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De acuerdo con la GSMA, el espectro en México es el más caro de América Latina, si medimos su costo como porcentaje de los ingresos de la industria, que llega casi al 12% de lo que vende el sector en su conjunto. Lo que quizá no es tan evidente, es que más del 80% de ese costo no surge de la puja entre los interesados que contienden en las licitaciones públicas, sino de los derechos fijados en una ley, con estrictos objetivos recaudatorios. Por esa razón, cuando ha habido interés por las bandas de frecuencias, los operadores ofrecen el precio mínimo establecido en las bases de licitación y allí detienen sus ofertas.
El objetivo de obtener ingresos fiscales de corto plazo está dejando sobre la mesa inversiones importantes en un sector que tiene un impacto multiplicador sobre la economía. Incluso suponiendo que el objetivo fuera exclusivamente recaudatorio -que no debe ser-, su cortoplacismo pasa por alto los ingresos fiscales que generaría una economía más competitiva y dinámica apoyada en un sector telecomunicaciones resiliente y en expansión, con mayor acceso al espectro.
Pero las explicaciones a estos fenómenos suelen no ser tan simples. A una política fiscal equivocada se suman otros elementos, donde uno cada vez más preocupante, es el debilitamiento de las condiciones generales de competencia en el sector.
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La competencia es uno de los alicientes más poderosos para la inversión. Con piso parejo, reglas claras y una autoridad reguladora y de competencia proactiva, se reducen los riesgos que enfrentan los competidores cuando deciden expandir sus operaciones o entrar a un nuevo mercado. Esto es crítico en una industria que exige apostar grandes capitales y donde los plazos de recuperación de la inversión son relativamente largos.
A pesar de algunos avances, en el sector existe una preocupante concentración de los ingresos, donde el operador principal retiene más del 70% en el segmento móvil. Ello provoca grandes desigualdades respecto de la carga que implica el costo del espectro para cada operador. El peso más grande ha sido para Telefónica, quien ha tenido que destinar a pagos de espectro un porcentaje cercano al 15% de sus ingresos, lo que en parte explica su decisión de devolver frecuencias al Estado. Después está AT&T, con un peso aproximado del 12%, y al final América Móvil con una carga de apenas el 3.1% de sus ingresos, lo que ubica al operador dominante en una circunstancia similar a la de los países más competitivos en términos de costo del espectro[1].
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Esta desventaja se suma a otras señales que han ido conformando un entorno adverso para la competencia que desalienta la inversión.
Por un lado, aunque se reciben numerosas denuncias y quejas por incumplimiento de las obligaciones del agente económico preponderante, muchas de ellas se desechan o no se atienden eficazmente. Al mismo tiempo, no se observa una acción proactiva para investigar prácticas monopólicas o barreras a la competencia en estos mercados, ni para lanzar iniciativas de abogacía por la competencia. Además, en los años recientes se ha debilitado el marco de regulación asimétrica de preponderancia con sus reglas de aplicación, mientras que las determinaciones de poder sustancial no han dado lugar a la definición del marco de obligaciones específicas previsto en la ley.
El país necesita inversiones en telecomunicaciones. Precisamos amplitud de miras para lograr un entorno fiscal y regulatorio que impulse los servicios. Pero, al mismo tiempo, se requiere reforzar el piso parejo. No es hora de bajar la guardia en la protección del proceso de competencia.
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[1] Fuente: comentarios de AT&T al proyecto de bases de licitación de espectro en las bandas de 800 MHz, AWS, PCS y 2.5 GHz para servicios de acceso inalámbrico, IFT-10, http://www.ift.org.mx/sites/default/files/industria/temasrelevantes/consultaspublicas/documentos/att_0.pdf.
Contacto:
*Economista especialista en competencia, regulación, ecosistema digital, liderazgo y género. Directora general del Centro-i para la Sociedad del Futuro. Socia directora de AEQUUM. Presidenta de la red de mujeres CONECTADAS y excomisionada del IFT.
Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.
