En el contexto de la discusión neoliberal que se inició después de los años cincuentas del siglo XX, se configuraba un reclamo al Estado por haber expandido sus áreas de acción, más allá de los principios básicos que dieron origen al contrato social, donde tendría que proteger a la vida, la propiedad y, más tarde, la libertad. Ello llevó a una discusión sobre el papel del Estado y la necesidad de replantear los contenidos del contrato, desde una perspectiva moral que fortaleciera las capacidades, pero también la relación entre Estado y ciudadanía. 

En ese contexto, se dio una transformación del Estado y su papel como promotor y garante de diversos aspectos que había asumido desde el siglo XIX, como empleo, vivienda, salud, educación, etc., convirtiéndose en un regulador de las actividades que los privados ahora deberían tomar, e intensificar su intervención. 

La medida se daba fundamentalmente porque el Estado tampoco tenía dinero para seguir financiando dichas actividades, ni tenía forma de incrementar los mecanismos de extracción de recursos por parte de la sociedad, por lo que se generaron mecanismos que transfirieron diversos rubros de propiedad estatal a los actores privados, buscando hacer más eficiente el uso de los recursos públicos, para concentrarlos en áreas como la disminución de la pobreza y el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas. 

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En conjunto con políticas de libre comercio, se incrementaron satisfactores que provenían de diversos centros de producción a múltiples mercados que comenzaron a ser consumidos por sectores sociales que antes no tenían acceso a ellos, además de que se incrementó de manera moderada el poder adquisitivo.

Este modelo económico también produjo una alta concentración de la riqueza entre sectores minoritarios, así como el incremento de la desigualdad como producto de ello. Lo que entonces generó un estancamiento de la movilidad social, así como una profundización de las condiciones de pobreza para quienes no pudieron salir de ella. 

Ante ello, se construyeron entonces modelos que desafían al estado “neoliberal” buscando reconfigurar la relación del Estado con el mercado y el sector social. Sin embargo, lejos de desaparecer las áreas o principios de este Estado, se han afianzado algunas condiciones que antes se criticaban.

El presupuesto de egresos de México para el año 2020, es reflejo de esa condición agravada por la pandemia, pero que ya desde 2019 se había mostrado el camino, donde el gobierno limitaba y centralizaba el dinero, reduciendo productos y servicios que se habían configurado para promover temas de crecimiento y desarrollo. 

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Si bien la política de austeridad es un reclamo social desde hace varias décadas, en nombre de ella se han desaparecido diversos instrumentos generados para hacer más eficiente el gasto y darle vida más allá de la rigidez del presupuesto normal, satisfaciendo necesidades de diversos grupos y con intereses y posiciones sociales variadas. 

El presupuesto para el año 2020 muestra una condición donde se ven reflejados diversos planteamientos de ese neoliberalismo, que la administración actual busca desterrar. Un Estado reducido al máximo, con pocas posibilidades de regulación en sectores que no le interesan, que concentra capacidades de decisión solo en áreas que ha definido como estratégicas en los sectores productivos,

La 4T plantea entonces un discurso anti neoliberal, pero muchas de sus decisiones recuerdan precisamente los principios que dicha corriente considera fundamentales. Lo paradójico, es que la actual administración lo hace con otros principios de base, contra los que históricamente el liberalismo había luchado. 

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