Las comisiones unidas de Energía y de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados presentarán, el próximo 11 de abril, el dictamen de reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador, para su discusión y votación.

Con eso podemos establecer dos lecturas: el presidente sabe que no alcanzará la mayoría que requiere para una reforma constitucional, pero también puede estar seguro de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) podría declarar constitucional La Ley de la Industria Eléctrica (LEI) promulgada el 9 de marzo de 2021 y con eso ya no sería necesaria la reforma constitucional.

La SCJN admitió tres proyectos de inconstitucionalidad: 64/2021, promovida por senadores de oposición; 44/2021 por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), así como la 45/2021 impulsada por el gobierno de Colima, en los que solicitan invalidar varios artículos de la legislación.

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El 5 de abril, el máximo órgano de justicia analizará las controversias sobre la LIE, así que para el 11 de abril que sea presentada la iniciativa constitucional en el pleno de la Cámara de Diputados ya todo estaría dicho. No se necesitaría la discusión y menos la votación.

La ministra de la SCJN, Loretta Ortiz Ahlf, considerada como cercana al ejecutivo federal, sugiere avalar la constitucionalidad de la LIE, promulgada el 9 de marzo de 2021, bajo el argumento de que interés público debe prevalecer sobre el individual.

¿Y la constitucionalidad evitaría la promoción de demandas internacionales? No, pero podrían tardar años, lo cual le vendría bien a la administración federal para fortalecer y dar preponderancia a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en aras de la soberanía energética.

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Carlos Ramírez Elizondo, socio líder de Ramírez & Zenil Abogados y Consultores, considera que el sector energético está sujeto al escrutinio internacional a partir de que se abrió -durante la gestión federal anterior- a la participación directa de inversionistas privados nacionales y extranjeros.

Por lo tanto, si resultan afectados los intereses de los empresarios que apostaron por obtener beneficios con la LIE de 2013 habrá repercusiones porque firmas internacionales apostaron sus inversiones y si resultan afectadas esas inversiones, porque la mayoría obtienen financiamientos para las obras y proyectos, habrá afectaciones en efecto dominó.

En su momento, la Cofece y quienes promovieron las controversias, consideraron que la LEI violenta los principios fundamentales de competencia y libre concurrencia, de modo que afecta su mandato constitucional e invade su esfera de competencia.

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Asimismo, que afecta la estructura económica del sector eléctrico ya que elimina la posibilidad de operar en condiciones de competencia y eficiencia. Dicho en otras palabras, le devuelve a CFE su condición de monopolio. Sin embargo, todos estos argumentos se irían a la basura con la resolución de la SCJN.

Sólo tenemos que esperar algunos días para ver cómo se resuelve este galimatías eléctrico, donde el máximo propósito de la federación es rescatar a la CFE, fortalecerla a costa de los privados y generar la electricidad de la que dispone,  aunque pueda resultar más onerosa y contaminante.

Así que si el presidente pierde en el Congreso de la Unión por falta de acuerdos para la reforma constitucional, ganaría con la posible resolución de la suprema corte. AMLO, ganaría perdiendo.

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