Las presiones sobre el Poder Judicial siempre han existido. Los políticos no quieren a los jueces, porque los ven como un contrapeso molesto. 

Los jueces lo saben porque la naturaleza de su trabajo es la de optar en un litigio. Hay perdedores y ganadores. 

En el caso de los tribunales constitucionales lo que está en juego es muchas veces la viabilidad de las políticas públicas, su pertinencia a la luz de las leyes e inclusive los horizontes de un proyecto político. 

El presidente López Obrador sabe que uno de los pocos obstáculos que tiene para llevar acabo a sus planes es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

La reforma eléctrica no es el único tema en disputa, pero quizá es el de mayor relevancia pública, por las consecuencia que puede tener a nivel de la propia Constitución. 

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Tarde o temprano llegará al Pleno de la Corte y por ello los amagos ya iniciaron. En primera instancia contra el juez que concedió una suspensión que congela, por el momento, la aplicación de la reforma.

Por eso se está pidiendo que el juez que lleva el asunto sea investigado por el Consejo de la Judicatura, como una medida que tiene más la finalidad de que todos los juzgadores pongan sus barbas a remojar, que la de lograr alguna sanción que es a todas luces inviable, porque solo está haciendo su trabajo.  

López Obrador quiere que el ministro Arturo Zaldívar se defina y que propicie que la reforma en su momentos sea declarada constitucional. Ahí está el meollo del asunto.

Pareciera difícil que los ministros aprueben un cambio legislativo que contradice la Constitución y que inclusive puede afectar derechos humanos, como los relacionados con el Medio Ambiente, pero también parecía imposible que aprobaran la barroca consulta sobre si se debe investigar y juzgar a los expresidentes y lo hicieron, abriendo un precedente tan triste como vergonzoso.

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El Poder Judicial se encuentra en una disyuntiva entre refrendar su papel como protectores de la legalidad o entrar a un terreno de ambigüedades esperando que algún día el contexto mejore, cuando es muy posible que ocurra lo contrario.  

Desde julio de 2018 en el Poder Judicial ya tenían elementos para sospechar que las cosas se pondrían difíciles. Era cuestión de recordar lo que el nuevo presidente había dicho de ellos a lo largo de los años, para prepararse. No lo hicieron.

Es probable que cuando eligieron a  Arturo Zaldívar como su presidente, en enero de 2019,  los ministros y ministras  creyeran que ello les permitiría sortear una coyuntura. Veían la cercanía con el nuevo poder como un elemento favorable. Estaba equivocados, porque la naturaleza de lo que están enfrentando trasciende al perfil de cualquiera de ellos y tiene que ver con el control mismo de la justicia y sus tribunales.

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