En semanas recientes, el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha venido intensificando sus críticas contra el poder judicial y sus integrantes, lo que puede generar consecuencias importantes para el funcionamiento de las estructuras de impartición de justicia en México.
Dichas críticas se dan en el contexto de una estrategia que el presidente ha emprendido contra órganos o dependencias sobre las que no tiene incidencia formal, pero que son relevantes en espacios de decisión que importan al ejecutivo, que se ven contrapesados por sus espacios de autonomía. El poder judicial, es un espacio que resulta complicado de capturar, no únicamente porque controlar a la mayoría de las y los ministros no necesariamente redunda en el control del resto de las estructuras de decisión, por lo que ha ampliado su crítica a quienes integran los tribunales, así como a los jueces.
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Si bien hay una parte de razón en lo que el presidente afirma, en el sentido que diversas personas que integran al poder judicial no son completamente honestas, además de los espacios de abuso de poder que se cometen a su interior, nepotismo, corrupción, entre otras acciones, como varios estudios ya lo han documentado, la reforma al poder judicial no ha sido explicada en términos de sus alcances para poder resolver estos problemas en el mediano y largo plazos.
Si bien dicha reforma fue apoyada por diversos actores políticos, incluidos integrantes del poder judicial, no queda clara la forma en que se va a instrumentar, así como los mecanismos que contiene para lograr la generación de decisiones justas y expeditas, incorporando nuevas tecnologías y reduciendo el espacio de discrecionalidad de los jueces, en condiciones de mayor cercanía a la ciudadanía en su conjunto.
El caso es que mientras eso sucede con la instrumentación de dicha reforma, el presidente ha decidido debilitar a las estructuras judiciales, para poder intervenir en el ánimo de los jueces, al darse cuenta que el control de la corte es importante, pero no suficiente para poder incidir en las decisiones judiciales que le importan.
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Con esa presión, busca modificar la relación de poder entre la estructura judicial y el ejecutivo, pero también tener un mecanismo que le permita presionar a otros actores con las decisiones judiciales, tanto en el sector público como en el privado, pues hay diversos juicios aún en torno a las prioridades presidenciales.
Si bien no es la primera ocasión en que el presidente afirma no confiar en los espacios judiciales, las críticas recientes son más estridentes que en el pasado, además de que ha planteado amenazas de la promoción de cambios constitucionales que modifiquen la composición de tribunales, como el electoral, o que se amplíen plazos como fue el caso del cambio aprobado para el consejo de la judicatura federal, el órgano que controla administrativamente al espacio judicial.
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SI bien el presidente de la corte ya anunció tardíamente su rechazo a dicha ampliación, aún están por discutirse en el seno de la corte el conjunto de preguntas que su presidente sugirió y que podrían hacer posible esa ampliación para el resto de los integrantes del consejo, quienes no han dicho que renunciarían a ello. Es por ello que esa discusión resultará importante para ver cuál es la correlación de fuerza al interior de dicho órgano.
Con la nueva composición del congreso es difícil, aunque no imposible, que el presidente logre un cambio sustancial en el poder judicial, pero es previsible que continúe con su estrategia para debilitarlo e imponer condiciones que le permitan tener mayor injerencia en las decisiones de las distintas dimensiones de la estructura judicial.
Contacto:
LinkedIn: Gustavo Lopez Montiel
Twitter: @aglopezm
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