Los próximos días serán cruciales para el sector energético mexicano y para la economía en general. De ser aprobada la iniciativa de reforma eléctrica que presentó el Ejecutivo el pasado 1 de febrero en la Cámara de Senadores, las reglas sobre las cuales el país ha generado inversiones por alrededor de 8,904 millones de dólares a través de 57 proyectos en operación y 14 más en etapa de ejecución dejarían de existir.
Ante esta situación, las empresas que participan en la industria eléctrica mexicana deberán analizar detalladamente su esquema de negocio, ya que el panorama de cada compañía será distinto.
Mientras la iniciativa avanza, algunas empresas estadounidenses y canadienses y fondos de inversión han detenido sus planes de invertir en el país hasta no tener un horizonte más claro.
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Con respecto a la aprobación de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, un reporte del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP), un organismo de análisis del Congreso, advirtió que existe la posibilidad de que las 28 empresas que cuentan con proyectos en el país pudieran recurrir a instancias legales para proponer esquemas de amparos e incluso arbitrajes internacionales, lo cual resultaría muy costoso para México.
Asimismo, indica el CEFP, lo establecido en esta propuesta de reforma podría contravenir a lo acordado en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), en donde se estipula la protección a las inversiones de los tres países y compromisos medioambientales que se romperían al preferir la producción energética a través de recursos no renovables.
Sobre ese tema en específico, vale la pena recordar que el gobierno de Estados Unidos, presidido por Joe Biden, busca implementar reformas que alienten el uso de energías limpias. Las diferencias entre los puntos de vista de ambos gobiernos podrían generar una bifurcación entre los caminos de ambos países.
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Con base en estos riesgos, algunos organismos, como la Cámara Americana de Comercio (AmCham) y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), han expresado su preocupación debido a que consideran dicha reforma como un incumplimiento a lo acordado en tratados internacionales y una falta de certeza regulatoria.
Desde nuestra perspectiva, México podría encontrar una oportunidad de crecimiento en el sector energético. Como ya se ha observado, esta industria tiene un gran potencial de producción de empleos y podría contribuir de manera sobresaliente a la recuperación económica debido a las afectaciones provocadas por la pandemia de Covid-19.
Es fundamental que México ofrezca las garantías que los inversionistas necesitan para depositar su dinero en el país. No se puede ignorar que somos la décimo quinta economía del mundo, parte del G20 y tenemos un lugar en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Esto nos obliga a continuar continuar privilegiando un ambiente de certidumbre.
Irene Hernández es Socia Líder de Oil & Gas en PwC México.*
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