La segunda semana de octubre tuvo diversos acontecimientos que fueron relevantes para el rubro de corrupción en México. Tal vez el más relevante fue cuando se captó a Emilio Lozoya cenando en un restaurante de la Ciudad de México, a pesar de haber aceptado ante la Fiscalía General de la República, haber cometido diversos actos ilícitos asociados al caso internacional Odebrecht, además de otras acusaciones de corrupción en su contra, pero por apegarse al criterio de oportunidad y dar información de otros funcionarios públicos en ese momento, no se le ha ejercido acción penal.
Sin embargo, a pesar de lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho sobre la reducción de la corrupción en México, hay diversos aspectos que muestran que no es ni ha sido el caso en los años recientes. Si bien el índice de percepción sobre corrupción en México de Transparencia Internacional mostró una mejoría de 2018 a 2020, donde subió del lugar 130 al 124, la encuesta sobre incidencia de corrupción del INEGI mostró un incremento de los casos de corrupción reportados por las y los ciudadanos a lo largo del país. Lo anterior deja ver que el discurso presidencial tiene un efecto relativo en la percepción de las personas, pero no necesariamente significa que la corrupción disminuya.
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Ante ello, es importante ver qué ocurre en el contexto de las áreas de lucha anticorrupción y herramientas que se han configurado en el país a lo largo de los últimos años. Como resultado de diversos tratados internacionales, así como de la presión ejercida por las organizaciones de la sociedad civil involucradas en el tema, se configuró el Sistema Nacional Anticorrupción como un gran acuerdo nacional incorporado a la constitución federal y sus símiles a las constituciones estatales, lo que implicó no únicamente acuerdos partidarios, sino también entre diversos órdenes de gobierno.
El sistema está configurado por diversas dependencias de los tres poderes de la Unión, además de que en cada entidad y municipio se replica su organización con sistemas estatales que ha sido muy complicado crear, debido a los diversos intereses políticos que lo han detenido, como en el caso de la CDMX que es la entidad con mayor atraso en su implementación.
La participación de cinco ciudadanas y ciudadanos es fundamental para el equilibrio y avance del sistema ante a indiferencia de las dependencias públicas. Este sistema tiene varias herramientas que le acompañan, como la plataforma digital nacional, además de la plataforma de transparencia que ya se ha buscado vulnerar por varios ataques de hackers con un éxito relativo.
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El caso es que a pesar del esfuerzo que como país hacemos para la configuración de este sistema, sus resultados son exiguos, en buena medida por la indiferencia del ejecutivo federal que no se siente cómodo ni con la transparencia ni con una organización que le resta relevancia a su estrategia anticorrupción de barrer de arriba hacia abajo.
Es por ello que tanto en la dimensión formal como en la informal de la lucha anticorrupción, los resultados son mínimos. Si vemos el informe de la fiscalía especializada en combate a la corrupción, que es la entidad responsable de judicializar los casos de corrupción que se denuncian, de 1156 delitos que se investigaron de 2019 a 2021 en 2319 carpetas iniciadas y determinadas para el mismo periodo, 8 se resolvieron por medios alternos y solo se judicializaron 22, mientras que en 1 se declaró criterio de oportunidad. El presupuesto para 2020 y 2021 para esta fiscalía es de un poco más de 230 millones de pesos, lo que significa que en términos brutos cada carpeta judicializada nos costó un poco más de 10 millones de pesos (todos estos datos a partir de la información contenida en el Informe Anual de Actividades y Resultados 2021 de la fiscalía especializada en combate a la corrupción.
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Si bien otras instancias como los órganos internos de control y la secretaría de la función pública también ejercen sanciones contra personas servidoras públicas, si vemos la situación en la plataforma digital nacional, espacio donde se reportan las sanciones que ejercen diversas dependencias , en 2017 hubo 197 sanciones, pero en 2020 solo 3 y en 2021 únicamente 5, donde las causas han sido por incumplimiento en la presentación de la declaración patrimonial o negligencia administrativa (información de la PDN consultada en https://www.plataformadigitalnacional.org/sancionados
El escenario parece desolador en el sentido de la forma en que el dinero y esfuerzo que se generó para combatir a la corrupción tiene resultados casi nulos, mientras que el ex funcionario confeso por diversos delitos de corrupción no únicamente se encuentra libre, sino que su exhibición muestra la incompetencia que las dependencias públicas tienen para mostrar resultados en este rubro. Solo una ex funcionaria de la administración anterior ha sido encarcelada, en lo que parece más una venganza política que un caso bien armado por parte de la fiscalía.
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LinkedIn: Gustavo Lopez Montiel
Twitter: @aglopezm
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