El 15 de enero de 2021 marcó el inicio de los periodos legales para la difusión de las diversas alternativas que tendrá la ciudadanía de cara a la elección del 06 de junio de este año; lo que de primera mano nos trae una pasarela inicial de perfiles caracterizados por su popularidad en los segmentos del entretenimiento y la farándula, así como otros tantos gestados en alas del activismo político y mediático. Sin embargo, los tiempos siguen corriendo y las necesidades de la población mexicana siguen esperando alternativas que representen la seriedad que se le debe al servicio público. Lo cual, deja el espacio a la especulación y la lastimosa espera para que sean develadas estos perfiles que se configuren en un trabajo más encaminado a la función pública desde una perspectiva técnica y, sobre todo, con sensibilidad al contexto general de la sociedad, la economía y los negocios.

En tanto sucede lo anterior, cabe señalar que los diversos institutos políticos se centran en defender sus posturas ideológicas, en una lucha intestina en prevalecer con sus registros y/o proyectos de conjunto, más no de la colectividad. Situación que provoca una enorme deuda de los diferentes actores sometidos al sufragio, respecto a los diversos puntos coyunturales de la agenda pública, especialmente en la energética.

De todos sabido es que la actual administración pública federal, se ha centrado en una dilapidación sistemática y progresiva de los mercados energéticos del país, en aras de una sumamente cuestionable estrategia de “fortalecimiento” de las empresas productivas del Estado mexicano; mediando un freno evidentemente anticonstitucional a la actividad que desempeñan los órganos reguladores de la industria con respecto a la participación de la iniciativa privada, en especial la Comisión Reguladora de Energía y la Secretaría de Energía. Sin embargo, las empresas privadas han emprendido acciones legales en búsqueda de lograr un retorno a las condiciones de seguridad y certeza para sus inversiones, condiciones que el Estado mexicano tiene como obligación proveer.

Sin embargo, esta situación inflexible e inelástica que presenta el gobierno de México, combinada con la natural reactancia provocada por los procesos judiciales ha provocado un serio estancamiento en el desarrollo de las inversiones y negocios en materia energética, sin soslayar el hecho de que la comunicación entre la administración lopista y las empresas se encuentren en un estado de frialdad total. Lo que provoca la necesidad de que exista una interlocución válida para ambas partes y, así poder retomar las comunicaciones entre los dueños del dinero y Palacio Nacional.

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Aquí es, justamente donde cobra gran importancia la contienda electoral de 2021; sin entrar en los escoyos que representa hablar sobre las preferencias electorales, únicamente se hará mención de que la hegemonía partidista obtenida por quienes encabezan el Poder Ejecutivo Federal está en serios aprietos y su continuidad está en clara duda. Pero, esto lejos de ser una derrota para el titular del Ejecutivo Federal, se transforma en un área de oportunidad muy importante para retomar el rumbo que necesita el país, sobre todo en temas económicos y su relación intrínseca con la energía, en especial, cuando vemos que la citada hegemonía partidista poco o nada ha ayudado al desarrollo del sector y el “rescate” propuesto por el Presidente de la República sobre las empresas productivas del Estado, contrario a ello, es evidente que el sector energético se encuentra sumiéndose día a día en un pantano financiero que está arrastrando las finanzas públicas a un vacío, sin omitir el hecho de que las afectaciones llegan incluso a la economía familiar en los hogares mexicanos, provocando la paralización de inversiones que, llevan como consecuencia la destrucción de fuentes de empleo y desarrollo académico, elementos clave que provoca la potencialización de los negocios energéticos en cualquier nación.

La importancia que se refiere por parte del autor de estas líneas es armonizar una agenda de reconstrucción energética y económica, el fortalecimiento de los organismos reguladores, así como el direccionamiento de nuevas estrategias para el gobierno corporativo de las empresas públicas, sin pasar por alto el hecho de que se debe priorizar al máximo las políticas y acciones en torno al cambio climático y la transición energética, temas dolientemente olvidados por la administración pública federal.

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En este sentido, es de suma importancia que los perfiles que se asuman como opciones en la gesta electoral de este año, mantengan un enorme compromiso con una agenda energética y ambiental. Sirviendo como ejemplo casos probados de éxito tal como la Agencia de Energía de Puebla o los Gobiernos Estatales de Baja California, Tamaulipas, Nuevo León y Yucatán, quienes tienen ambiciosos proyectos de inversión en materia de energías renovables, así como eficientes oficinas de gestión y vinculación con las autoridades y órganos reguladores del sector. Lo cual ha traído como consecuencia un enorme posicionamiento de estas Entidades Federativas como promotoras eficientes de diversos proyectos energéticos, dotando de la tan ansiada seguridad y certeza jurídica que buscan las empresas dedicadas al ramo.

Por ello, el electorado debe contar con una mayor incidencia en el escrutinio de las plataformas y opciones que se les ponen de frente, analizar con detenimiento los compromisos que tienen los nuevos actores políticos ante la sociedad y la iniciativa privada.

De igual manera, tenemos el caso de las opciones electorales con miras a los poderes legislativos locales y Federal, quienes deben contar con una visión bastante clara para dirigir plataformas y propuestas direccionadas a la armonización regulatoria y normativa, la vigilancia de los órganos reguladores para que actúen conforme a los preceptos constitucionales, la transparencia de los procesos en el sector y, no menos importante, los desafíos que se presentarán con las nuevas políticas de Estados Unidos con relación a los diferentes reclamos y misivas que han hecho las empresas que tienen intereses en el país, sin olvidar el hecho de que estos intereses siempre vienen de la mano con el esfuerzo de miles de empresas mexicanas, derivado de las distintas estrategias de contenido nacional. Es así, que las agendas de estas personas que asumen el rol de protagonistas de la vida pública nacional, deberán ser perfiles con un alto nivel de conocimientos y con una visión estratégica y global, para poder hacer frente a todas las situaciones que se presenten en torno a la relación trilateral que impone el TMEC, sobre todo, fungiendo en calidad de mediadores entre la visión del Gobierno de México y la necesidad de expansión de las inversiones energéticas de la iniciativa privada que venga reforzada con intereses de los países vecinos.

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No obstante lo anterior, el Presidente López Obrador y su gabinete energético deberán considerar que 2021 es un año de inflexión y una oportunidad para amainar sus intenciones Estatizadoras, todo ello con tal de beneficiar a la población en general con mayores y mejores empleos, así como un apalancamiento cordial entre PEMEX, CFE y la iniciativa privada, bajo esquemas de transparencia, rendición de cuentas y eficiencia financiera, en conjunto con una visión de sustentabilidad y de transición energética; siendo esta fórmula la vía mediante la cual México pueda retomar el curso del pleno desarrollo energético y económico, sumándose con su enorme potencial en este rubro, a los liderazgos perdidos en dos años de un intento de proteccionismo que nació muerto.

Recordando que un país con energía, sobre todo limpia y eficiente, es un país con futuro.

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Contacto:

*Santiago Fabián Arroyo Seguedo es CEO y Founder de URSUS Trade & Colsunting.

Twitter: @SarroyoSi

Correo: [email protected]

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