Las estrategias de control de precios invariablemente encuentran oposición de grupos que ven afectados sus intereses. Es lo que ocurre en el caso del gas LP, donde sectores de comisionistas han sido los más radicales ante la medida anunciada por el gobierno federal.
En medio de un contexto internacional de escalada en el costo del hidrocarburo, los precios en México registraron una escalada de más del 36% desde marzo de 2020 que se agudizó en febrero de este año.
El precio por kilo pasó de 17.8 a 24.8 pesos, lo que implica para el consumidor doméstico un costo de hasta 500 pesos por cada cilindro de 20 kilos, que se eleva a más de 600 en algunas regiones principalmente de Veracruz, Puebla o el Valle de México.
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El mercado internacional del gas LP se rige por el indicador Mont Belvieu, y este julio se cotizó en 1.1 dólares por galón, el precio más alto desde octubre de 2014, explicado por la ralentización en la producción estadounidense y en el aumento en la demanda desde países asiáticos.
En nuestro país, la liberación de los precios desde 2017 ha provocado que, principalmente, comisionistas establezcan con libertad de criterio el costo del gas, estrategia en la que los afectados son la industria y los consumidores particulares.
Ante la escalada, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) fijó el costo del gas licuado. Este control de precios desató desacuerdos entre los comisionistas, que son los encargados finales de la distribución por medio de pipas y cilindros.
La toma y cierre de plantas de distribución en manos de grupos opositores a la medida evidencia el grado de afectación en los intereses de un mercado que requiere una estrategia provisional de contención en tanto se estabilizan los precios internacionales.
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El control del precio del gas no significa el retorno a escenarios del Estado de Bienestar, es una medida provisional que deberá adecuarse conforme se encuentren soluciones integrales.
Autoridades federales y de la Ciudad de México, con la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum al frente, dialogan para la búsqueda de esa salida. El sentido de responsabilidad mostrado por empresarios del ramo es de destacar.
Aunque reconoce las afectaciones económicas del precio controlado, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas Licuado de Petróleo (Amexgas) se deslindó del cierre de plantas y ofreció colaboración.
El objetivo del Gobierno federal al establecer precios máximos de venta al público, es poner en el centro de la discusión el apoyo a la economía familiar, no es la de mermar ni afectar la competitividad. Hay un compromiso ciudadano y empresarial por acompañar este esfuerzo.
Contacto:
Salvador Guerrero Chiprés es Presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México.
TW: @guerrerochipres
Twitter: @elconsejomx
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