Las escenas que constantemente circulan por los medios son la narrativa de una ciudadanía digital que hoy participa y documenta su día a día y que habla de lo difícil que es para los gobiernos actuales querer alterar las versiones del acontecer nacional (o establecer una versión oficial de todo lo que pasa).

En una sociedad totalmente digital, líquida y con muchos frentes de participación las represiones, las renuncias masivas, los movimientos sociales y los actos de corrupción e impunidad hoy son narrados desde la óptica ciudadana.

Construir ciudadanía ha costado mucho, sobre todo en países como México en donde el rezago educativo ha limitado por décadas el acceso a la información; sin embargo, hoy vemos el empoderamiento de la voz ciudadana a partir de las imágenes, los hechos y lo que se va documentando desde el actor principal de cada historia.

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El ciudadano de este momento histórico en México tiene muchas caras, todas ellas cuentan una historia diferente, pero con un común denominador, el Estado fallido que está delante de nosotros.

De acuerdo con el derecho internacional, un Estado fallido es aquel que ha perdido la capacidad de establecer a través de la gobernanza (comunicación entre el sector privado, el gobierno y la población), gobernabilidad (grado de cooperación entre el gobierno, sus instituciones y la población).

En estricto sentido, la incapacidad para proveer de servicios básicos para la población, para mantener instituciones sólidas, para garantizar el respeto a los derechos humanos es lo que lleva a un Estado a fallar en su principal propósito: cuidar a la población y trabajar por su desarrollo.

No es fácil aceptar que se ha perdido el control del territorio nacional y que la crisis de seguridad interna se ha extendido a una crisis humanitaria, que no es exclusiva de los migrantes en tránsito dentro del país, la viven también los grupos vulnerables, los enfermos de cáncer, las niñas y mujeres violentadas y asesinadas diariamente en México, los miles de micro, pequeños y medianos empresarios que han tenido que cerrar, los reprimidos que buscan defender su derecho humano de acceso al agua y aquellos reprimidos por ejercer su derecho humano a un trabajo digno y remunerado, o contra aquellos que defienden la libre competencia y el derecho humano a realizar la actividad económica que mejor le convenga.

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Es lamentable que en tres años no haya transformación, ni transparencia, ni mejores condiciones para las y los mexicanos, que por el contrario la crisis estructural que enfrenta el país nos ponga de cara a un continuum de la crisis económica, social y política que el actual gobierno prometió terminar.

Un Estado represor y fallido es aquel que además de mostrar su falta de capacidad para resolver los temas de su agenda interna también ha perdido posicionamiento y presencia en el concierto internacional. Realizar la voluntad de un país vecino y disfrazarlo de gestiones victoriosas no representan para nada un posicionamiento adecuado ni el respeto a los compromisos internacionales en materia de derechos humanos, medio ambiente, desarrollo económico, libre mercado y asuntos humanitarios.

Un Estado fallido, también es aquel que arrastrado por el terrorismo transnacional, como lo es el narcotráfico y tráfico ilegal de armas, no logra rescatar a su población del fuego cruzado entre los intereses de los grupos de crimen organizado, los grupúsculos en el poder y los intereses de un gobierno que a todas luces pone primero todo, menos a los pobres.

El acceso a la salud, a una vida digna, a la seguridad y la libertad como derechos humanos son atropellados masivamente hoy, por el Estado, que nos guste o no reprime y ha fallado.

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