Una de las muestras de que el panorama político cambió es lo que ocurre con Idelfonso Guajardo, el ex secretario de Economía del gobierno del presidente Peña Nieto, que fue vinculado a proceso por un supuesto enriquecimiento ilícito.
¿Qué es distinto con otros casos como el de Rosario Robles, Emilio Lozoya y Luis Videgaray?
En primer lugar que Guajardo cuenta con prestigio y con múltiples respaldos, inclusive internacionales, porque hizo bien su trabajo y no se le conocen escándalos.
La Fiscalía General de la República (FGR) al parecer erró el tiro, porque Guajardo no es una personalidad que genere descontento en la población o a quien se vea como uno de los ejes de la corrupción. Al contrario, se tiene presente que una de las últimas gestiones del hoy acusado, consistió en que las negociaciones del T-MEC llegaran a feliz término. Es decir, ayudó al gobierno que hoy lo acusa.
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Otro aspecto que me parece central, es que el PRI y su dirigente, Alejandro Moreno, salieron en defensa de quien también es diputado electo. Esto parece mostrar que ya no será tan sencillo el montar acusaciones sin que los agraviados respondan, no solo en el ámbito jurídico, sino inclusive en el político.
Guajardo dejó claro que ejercerá sus derechos y que explicará las inconsistencias que la FGR dijo encontrar en la evolución de su patrimonio, mientras fungió como servidor público y que al parecer se concentran en 8 millones de pesos que son producto del repudio a una herencia.
A diferencia de Rosario Robles, a quien dejaron sola, en esta ocasión hay un interés en revertir las acusaciones y en expresar con claridad que existen límites que los priistas ya no dejaran pasar, o no lo harán con la facilidades de hace unos meses.
Videgaray tampoco encontró un gran cobijo de sus compañeros de partido y optó por litigar con bajo perfil la inhabilitación de 10 años que le propinó la Secretaría de la Función Pública. Solo el tiempo dirá si es la estrategia adecuada.
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Lozoya, por su parte, decidió ponerse al servicio de la FGR para acusar a sus antiguos colegas, con poca fortuna hasta ahora y con el saldo de un ex senador del PAN en prisión.
Es probable que en el PRI hayan entendido que el silencio no era la ruta para construir un piso solido de entendimiento con la 4T donde no imperen las presiones o donde ellas sean revertidas en la medida de lo posible.
Por lo pronto, el juez decretó que Guajardo no puede salir del país sin autorización y que debe firmar cada mes, pero a cambio, le concedió la oportunidad de rendir protesta como diputado y de utilizar los próximos cuatro meses para recabar pruebas en su favor y controvertir las acusaciones de los fiscales.
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