A los gobiernos emanados del PRI les habría encantado vivir en una especie de burbuja ajena a las supervisiones internacionales. La realidad los hizo cambiar y por ello dieron paso a la firma de tratados comerciales que implicaron, desde entonces, que la mirada extranjera se focalizara en dos asuntos: la democracia y los derechos humanos.
Con la Unión Europea esto es bastante explícito, ya que el Acuerdo Global que norma la amplia relación que se tiene con esos países, y que entró en vigor en el año 2000, establece que la protección a los derechos humanos es clave y que inclusive el deterioro de estos podría significar la cancelación de los acuerdos comerciales.
Esta cláusula nunca se ha invocado, pero es evidente que hay que trabajar para que jamás ocurra y más aún en un contexto global tan complicado.
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La preocupación por la situación de los derechos humanos en México, siempre ha estado presente en el Parlamento Europeo. En 2007 se presentó el Informe sobre Feminicidio en México y América Central y en 2010 una Resolución sobre la Escalada de Violencia en México.
En ese entonces, al gobierno de Felipe Calderón tampoco le gustó lo que se señalaba, pero no se lanzaron insultos contra nadie y más bien se trabajó para cambiar la percepción sobre lo que estaba ocurriendo.
El octubre de 2014, los parlamentarios europeos aprobaron una condena por los hechos criminales ocurridos en Iguala, Guerrero, donde desaparecieron 43 estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa. En ese documento instaron al gobierno mexicano para que adoptara medidas que evitaran que hechos similares ocurrieran en el futuro.
El presidente Peña Nieto, en lugar de pelearse, instruyó para que se informara de los avances en las indagatorias y asumió las recomendaciones.
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Una parte fina del trabajo diplomático que se hace con la Unión Europea tiene que ver precisamente con la de proporcionar información y argumentar sobre los problemas para evitar resoluciones que dañen la imagen del país.
La respuesta del presidente López Obrador a planteamientos del Parlamento de Europa sobre los riesgos, inclusive de muerte, en que trabajan los periodistas y los defensores de derechos humanos, debió seguir una ruta diálogo, para establecer espacios de mejoría en la situación y para dejar claro que la preocupación es compartida.
Llamar “borregos” a los parlamentarios, y acusarlos de ignorancia, revela diversos grados de desinformación el gobierno mexicano. Los que asesoran al titular del Ejecutivo en estos temas, no tienen una idea clara de lo que está ocurriendo y mucho menos de lo que puede ocurrir si se rompen los puentes de diálogo cotidiano.
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La cancillería mexicana, que debiera ser la instancia que se encargue de estos asuntos, estuvo fuera del juego, ya que el secretario de Relaciones Exteriores, ni siquiera fue consultado sobre el contenido de un comunicado que iba a generar roces y problemas con los diputados europeos y con sus gobiernos.
Marcelo Ebrard quizá vio con alivio el estar en la periferia del enredo, pero al final del día tendrá que ser él quien arregle los platos rotos y se ocupe de reconducir la relación con el Parlamento Europeo, aunque con márgenes de operación cada día más estrechos.
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