Enfrentar efectivamente la crisis climática implica reemplazar la infraestructura que mantiene el uso de combustibles fósiles. Por lo tanto, si queremos descarbonizar la economía, debemos descarbonizar la infraestructura. Por ejemplo, las líneas de transmisión eléctricas deben apoyar la expansión de renovables, los caminos deben facilitar el uso de automóviles eléctricos, y las líneas férreas deben desincentivar el uso de aviones. En este artículo resaltaré los aspectos claves para elaborar un plan de infraestructura de cero emisiones netas y contrastarlo con el enfoque de los principales proyectos de infraestructura de América Latina.
Reemplazar la infraestructura que se ha construido durante las últimas décadas es un reto similar al de periodos de guerra, donde los mercados privados no serán suficientes para cubrir el capital necesario. Por lo tanto, la intervención estatal será clave tal y como lo podemos observar en China, Reino Unido o Estados Unidos. El sector público tiene que trazar la ruta de descarbonización y cubrir los costos hundidos que los inversionistas privados no están dispuestos a absorber en materia de infraestructura.
Un ejemplo que ayuda a entender el papel clave del Estado es la transición a vehículos eléctricos. Los países desarrollados están entrando a una rápida adopción de esta nueva tecnología y, aun así, el sector privado no está dispuesto a desplegar infraestructura para recargar las futuras nuevas unidades. Veremos en los próximos años cómo el gobierno tendrá que ser el encargado de cubrir esta necesidad antes de que la demanda genere incentivos necesarios para que el capital privado decida participar. Esta situación aplica para todo tipo de redes de infraestructura verde que necesitan reemplazar a aquellas intensivas en emisiones de carbono.
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Uno de los primeros pasos para que los países de América Latina tracen una ruta creíble y ambiciosa hacia economías bajas en carbono es diseñar un plan de infraestructura de cero emisiones netas. No hay atajos, ni se puede evitar este paso. La primera prioridad son las redes de fibra óptica, ya que se requiere gestionar una gran cantidad de datos para el funcionamiento de sistemas eléctricos, caminos y líneas férreas. Particularmente, la red de fibra óptica debe soportar la intermitencia derivada de renovables e interacciones entre redes locales, almacenamiento, generación local y baterías.
El segundo eje prioritario es la infraestructura eléctrica, que esta interrelacionado con el primero. Electrificar la mayor parte de las actividades que hoy usan combustibles fósiles será crucial para la descarbonización, en tanto logremos producir la energía que demandamos de forma sostenible.
El tercer tema clave es el transporte. La transición de este sector implicará más electricidad y sistemas de comunicación inteligentes y, por otro lado, menos combustibles fósiles. Los planes de infraestructura deben anticipar cómo las redes de caminos y vías férreas serán compatibles con un mundo descarbonizado.
Los planes infraestructura no sólo deben ser nacionales, sino regionales porque así serán los efectos del cambio climático. Si examinamos los diez proyectos más ambiciosos de infraestructura en América Latina en 2019, nos podemos dar cuenta que la región, en su mayoría, ignora la importancia y necesidad de transitar a una economía de cero emisiones netas.
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Como se observa en la Figura 1, el proyecto más importante, en términos de valor, es el de suministro de gas natural comprimido en el Caribe, mismo que no contempla riesgos climáticos como los posibles daños a la red portuaria de la región o la caída de producción de gas natural en Estados Unidos por regulaciones climáticas. De ser exitoso, podría generar una dependencia de gas natural en la región y retrasar un despliegue más ambicioso de energías renovables. En contraste, el acueducto Reguemos Chile es una iniciativa que anticipa los retos de la escasez de agua y permitirá mejorar la resiliencia de Chile mediante el transporte de agua de sur a norte. Además, el proyecto también tiene el objetivo de reducir la dependencia del cobre en la matriz productiva del país andino.
Figura 1. Principales proyectos de infraestructura en América Latina en 2019, por valor en miles de millones de dólares estadounidenses.
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En el caso de los siete proyectos ferroviarios, no hay señales claras de que se impulsen trenes eléctricos o que utilicen hidrógeno verde; sin embargo, su adaptación a estas tecnologías en el futuro es factible. En general, la promoción de trenes eficientes y de alta velocidad generará menos incentivos para utilizar aviones en el futuro. Por último, los proyectos que han recibido mayor número de críticas a nivel regional son la refinería de Dos Bocas y el aeropuerto de Santa Lucía en México. Ambos carecen con un análisis de riesgos climáticos y evaluaciones de impacto ambiental creíbles. Por lo tanto, la incertidumbre sobre su viabilidad será un tema recurrente en la agenda pública de México.
En conclusión, no puede haber un futuro de cero emisiones netas sin una infraestructura apropiada. Este objetivo nunca se alcanzará si esperamos que el capital privado lo resuelva. Los inversionistas privados, por más responsables que sean, tendrán como prioridad la rentabilidad, lo cual sólo puede cubrir parcialmente la necesidad de una infraestructura resiliente. Por tal motivo, los gobiernos necesitan cubrir esa brecha para garantizar redes y sistemas completos que mitiguen y se adapten efectivamente al cambio climático.
José Luis Reséndiz, Investigador en el Programa de Finanzas Sostenibles de la Universidad de Oxford y Fundador de ESG Latam.*
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