Sin precedentes, el órgano electoral nacional basó una decisión de primer orden, que tiene que ver con el ejercicio de un derecho constitucional, en un asunto de insuficiencia presupuestal. Apenas el 14 de diciembre el presidente del INE informaba el inicio del proceso de verificación de las firmas en papel de apoyo a la Revocación de Mandato. Sin embargo, y aunque ya se había anticipado a manera de rumor, con sorpresa el pasado 17 de diciembre el INE aprobó “posponer” temporalmente la realización del proceso de Revocación de Mandato 2021-2022, hasta en tanto que la SCJN resuelva la controversia constitucional presentada por el INE, ante la reducción presupuestal en el presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados.

El hilo de desencuentros entre el Presidente López Obrador y el Presidente del INE, Lorenzo Córdova y el Consejero Murayama, tiene largo aliento, pero probablemente estamos ante el episodio más complejo de esta crónica. Ni la controvertida decisión del órgano electoral, en marzo de 2021, que introdujo medidas adicionales, respecto a la designación de diputaciones de representación proporcional en la pasada elección federal para renovar la Cámara de Diputados, ni la determinación del árbitro electoral de cancelar el registro a las candidaturas de Morena a distintos cargos de elección popular en la elección de junio de 2021, se comparan con la reciente determinación del INE sobre el mecanismo de la Revocación de Mandato.

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¿Por qué es peligrosa la decisión del INE? Cuando el ejercicio de un derecho político de la ciudadanía y el cumplimiento de una obligación constitucional por parte de un órgano autónomo se condicionan a un tema de recursos económicos lo que se pone en evidencia, en última instancia, es la fragilidad del Estado de Derecho. La Revocación de Mandato fue elevada a rango constitucional por el Congreso en diciembre de 2019, con lo que ahora la ciudadanía puede solicitar la conclusión anticipada de la persona titular de la Presidencia de la República. El que el órgano electoral desacate la Constitución y la Ley por una cuestión presupuestal es un pésimo precedente que introduce, de manera inecesaria, un elemento de incertidumbre hacia 2023 y 2024.

Hasta ahora, la posición de la Corte, según lo determinado por el ministro instructor, ha sido manifestarse imposibilitada para pronunicarse respecto a la suspensión de la Revocación de Mandato, al ser un hecho futuro e incierto que la ciudadanía recabe las firmas de apoyo necesarias para que el INE emita la convocatoria de Revocación de Mandato. Que el INE condicione el ejercicio de sus obligaciones para garantizar este derecho hasta que la Corte decida, que podría ser en unas semanas o en meses, eleva la confrontación con el Ejecutivo y pone en entredicho la imparcialidad y neutralidad del órgano electoral. El Consejero Presidente termina su mandato previo a la elección de 2024, por lo que debería abandonar esta confrontación “de baja intensidad”.

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Se ha dicho que hacer elecciones con altos estándares de calidad cuestan dinero. También se ha afirmado que hacer la revocación de mandato es idéntico a la organización de una elección federal presidencial. No obstante, la ley de Revocación de Mandato permite aprovechar las singularidades de este proceso para que el órgano electoral pudiera hacer diversos ajustes de naturaleza técnica, que se vieran reflejados en una reducción de costos en materia de capacitación, materiales y documentación electoral e instalación de casillas.

En suma, ante el escenario de confrontación del órgano electoral y el Ejecutivo, habría que elegir la estrategia de menores costos para la institución electoral en términos de su credibilidad para los futuros procesos electorales. En juego está la confianza en el INE.

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Contacto:

Maestra en Políticas Públicas por la Universidad de Oxford y Licenciada en Ciencia Políticas y Relaciones Internacionales, por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

Twitter: @palmiratapia

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