En momentos de presiones es cuando se distingue el talante de los servidores públicos. Un ejemplo es el auditor, David Colmenares, quien tomó la decisión de hacer el trabajo que le corresponde, sin cálculos políticos, pero asumiendo las facultades constitucionales con que cuenta la Auditoria Superior de la Federación.
Colmenares sabe su papel no es sencillo y que inclusive molesta, porque los poderes nunca quieren ser supervisados, pero también, que a la larga, las gestiones profesionales suelen ser apreciadas y valoradas.
La ASF encontró múltiples irregularidades en el ejercicio del gasto, durante el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que revelan la improvisación y la falta de controles con las que se está operando.
Se puso énfasis en los proyectos ejes de la administración, como el Aeropuerto Felipe Ángeles, la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya. De igual forma se hizo una revisión de los programas sociales y entre ellos de Jóvenes construyendo el futuro.
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La ASF, hay que señalarlo, está haciendo lo mismo que hizo en el pasado, revisando y fiscalizando a los gobiernos anteriores, donde los malos manejos también fueron revelados. Esto es, estamos ante una actividad ordinaria, pero con la particularidad de que el tiempo que vivimos es extraordinario.
Una de las funciones de la ASF es la de observar para que las dinámicas y los procesos en la administración pública mejoren. Ante los resultados de la Cuenta Pública 2019, el gobierno federal tiene la oportunidad de solventar lo que se señala, corrigiendo lo que está mal y castigando lo que es ilegal.
Las cosas no irán por ahí, porque en la 4T no hay autocrítica y porque para ellos es muy difícil aceptar que su primer año en el poder no fue lo ejemplar que se pregona. No podía serlo, porque el funcionamiento de la administración pública es muy complejo y porque el voluntarismo no es suficiente para cambiar de tajo.
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La primera reacción ante el Informe de la ASF fue la descalificación, la sobada frase de que hay otros datos y las acusaciones sobre conservadurismo. Se desconoce cuál es la función de las auditorias y se pretende general un pleito donde no tendría que haberlo.
Es un error, y en este caso puede salirle caro al país, porque de continuar la improvisación administrativa, el deterioro será todavía más profundo. Por ejemplo, la cancelación del Aeropuerto Internacional en Texcoco le va a significar a los mexicanos un dispendio de 300 mil millones de pesos. Esto ya no tiene remedio, pero debería servir como una alerta del costo que pueden tener los caprichos y la ausencia de visión de Estado.
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