Con la iniciativa que presentó la semana pasada el Ejecutivo Federal para la reforma constitucional a los artículos 25, 27 y 28 en materia energética, el presidente Andrés Manuel López Obrador pretende regresar la figura monopólica a la empresa estatal generadora, transportadora y distribuidora de electricidad.

Se trata de una contrarreforma a los cambios constitucionales que tuvieron un alto costo político para el gobierno priista de Enrique Peña Nieto. Lo inaudito de este asunto es que la iniciativa podría obtener el apoyo que necesita justamente de los legisladores del Partido Revolucionario Institucional.

Pero no voy a abordar los temas políticos, de eso se ocupan otros espacios. Desde que inició larga campaña por la presidencia, López Obrador se manifestó por el rescate de las paraestatales más importantes del país: Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex).

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En sus intentos por alcanzar ese rescate, presentó iniciativas para evitar que CFE aumentara su participación en la generación de energía eléctrica que había sido limitada al 38% del total, porque los privados ofrecían mejores condiciones en la tarifa eléctrica y tecnología amigable con el ambiente por el uso de gas natural, y energía eólica y solar, principalmente.

Ahora, la reforma pretende que CFE eleve su participación a 54% en la generación, lo cual sería positivo sino fuera porque, salvo las grandes hidroeléctricas -que los ambientalistas no consideran como energía limpia-, la empresa del Estado tiene pocas opciones para generar energía limpia y renovable.

Con los cambios legales, se va a reintegrar a la empresa ya que se eliminarán las subsidiarias y filiales, con lo cual ojalá se eliminen duplicidades de funciones, se reduzca la burocracia y se logren eficiencias operativas.

Sin embargo, CFE volverá a ser juez y parte porque el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) volverá a sus dominios y podrá volver planear y controlar el sistema eléctrico nacional.

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Lastimosamente, plantea la eliminación de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), lo cual dará al traste con la regulación de los participantes del mercado. Ya sabemos que a este gobierno no se le da la transparencia y rendición de cuentas, así que será un paso hacia el pasado, con decisiones unilaterales y probablemente turbias.

Al hacer a un lado a las energías renovables, México violaría el Acuerdo de París y tardaría muchos más años en cumplir con las metas de reducción de emisiones contaminantes y aumento en el uso de energía renovable.

Tratándose de la energía, un servicio estratégico lo más deseable sería tener una empresa estatal fuerte y capaz de enfrentar la competencia del sector privado, pero está visto que eso podría llevar tiempo y millonarias inversiones que el Estado no tiene, así que la súper y “todopoderosa” CFE que están imaginando Andrés Manuel López y Manuel Bartlett sólo quedará como una ilusión porque se le vendrán litigios en cortes internacionales por los negocios que quitará a las empresas -especialmente desarrolladoras de energía renovable- con las que se asumieron compromisos comerciales.

Si la iniciativa prospera en el Congreso de la Unión y en los Congresos estatales que necesita para el cambio constitucional, la CFE tendrá el enorme desafío de cumplir las necesidades de un mercado creciente de energía eléctrica. Esperemos que no haya “incendios de pastizales” o “complots” que se le atraviesen en el camino que deriven en cortes y apagones, como ha sucedido en otras naciones que sueñan con la soberanía energética.

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