En Morena reniegan hasta de lo que ellos mismos aprueban. Mario Delgado está indignado porque la difusión de la Consulta Popular no iniciará sino hasta el 15 de julio, aunque olvida que fueron los diputados de su partido quienes aprobaron los términos de la convocatoria.
Como no hay planeación y mucho menos visión de largo plazo, van tomado decisiones que luego se les complican. ¿Qué ocurrió? Debido a que la Constitución es clara en que la propaganda gubernamental se tiene que suspender mientras dura la difusión sobre lo que se somete a consulta, quisieron acortar el periodo de veda electoral.
Tampoco están de acuerdo, en Morena, en que sea el INE el encargado del proceso y los materiales que se someterán a la ciudadanía para que decida. Aquí tampoco hay salida, porque es una regla contenida en el texto constitucional.
Es más, está prohibido que se contrate publicidad en televisión y radio para impulsar el sí o el no entre los consultados.
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Por ello ya iniciaron las descalificaciones contra el INE, a quien además responsabilizarán de que no se alcance el 40 por ciento de los inscritos en el padrón para hacer vinculante el resultado.
El presidente López Obrador y Morena se metieron en su propio laberinto, aunque con la ayuda de la Suprema Corte, que añadió una pregunta abigarrada que en el fondo no conducirá a nada y mucho menos al supuesto juicio contra los expresidentes. Es imposible por respeto a la propia legalidad, pero por la interrogante misma:
“¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”
En los hechos, cada ciudadano puedo votar por el juicio que tenga en mente. Como no hay nombres, ni periodos, todo queda a criterio de cada quién, lo que es un absurdo.
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Es triste que el primer ejercicio de este tipo, el de buscar la opinión ciudadana en un tema de trascendencia, sea una impostura. Todos los interesados y en particular sus principales promotores saben que esto es así.
La Consulta Popular se inaugurará como una dinámica demagógica que en realidad responde a un diseño de propaganda y no a una aspiración de justicia.
Si la finalidad en realidad consistiera en buscar justicia en cuestiones emblemáticas, que en la mayoría de los casos tienen poco que ver con los expresidentes, se podría hacer de una vez y desde la Fiscalía General de la República, pero con indagatorias serias, para esclarecer lo ocurrido y revertir la impunidad.
Pero no se trata de eso, por supuesto que no, sino de sembrar dudas, de descalificar a los adversarios y de animar la condena populista, más anímica que rigurosa.
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