Por algún extraño motivo las personas tenemos muy poca capacidad de autocrítica, somos muy buenos para ver “la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio”. Todas y todos nos quejamos de la corrupción sin pensar que no existiría si no fuéramos cómplices activos o pasivos.

Hace algunos días me llegó el rumor de personas que ofrecen certificados falsos de vacunación con QR incluido, estas personas dicen que lo hacen por “buena onda” y que no lleva comisión de por medio. Sin embargo, están actuando de forma corrupta y ponen en riesgo la salud de otros.

Y aunque no lo comprendo, respeto que haya personas que no quieran vacunarse; pero como todas las decisiones en esta vida tienen consecuencias, yo considero que es un tema de salud pública y conciencia comunitaria, aunque al final del día es una decisión personalísima.

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Y es así, que las autoridades de diversos países solicitan el certificado de vacunación porque en principio las personas vacunadas tienen menor posibilidad de contagiarse y en caso de estar contagiados la carga viral con la que contagiarían a otros sería menor. Por lo tanto, la razón de solicitarlo es evitar el riesgo en la comunidad y que todos estén, dentro de lo posible, más seguros. Mentir en un tema tan sensible como este me parece especialmente grave.

Y es que en esta simple acción hay varios factores importantes a considerar. Por ejemplo, ¿hay algún funcionario público que esté falsificando el registro nacional de vacunación?, tengamos claro que falsificar un documento oficial es un delito, comprar este certificado no solo es corrupción, es un acto criminal que pone en riesgo la vida de otras personas. Pero si además, no contento con comprarlo y usarlo, decides ser “gestora” de estas acciones, ya no sé qué calificativo aplica a este tipo de personas.

Sin embargo, el problema no solo son esas personas que directamente cometen el acto de corrupción, también es la impunidad que se vive en nuestro país. Porque seguramente los funcionarios de gobierno que están expidiendo estos certificados no serán sancionados, y de hecho, las personas que los venden y los compran tampoco.

Pero no solo no tendrán una sanción penal y jurídica, tampoco habrá una sanción social, y esta sí depende directamente de todas y todos. Nosotros sí podemos y además tenemos el deber moral de hacer sentir incómodas a esas personas, de señalar este acto de corrupción que nos pone en riesgo y también dañan la imagen de México, dado que otros países podrían desconfiar de nuestros certificados.

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Entonces no hay que quedarnos con el “no pasa nada”, porque eso nos hace cómplices con excusas como “yo para qué me meto”, “a mí no me toca”, “allá ellos”, “no es tan grave” y bajo todos esos pensamientos hemos llegado al punto en el que estamos. Donde los políticos y funcionarios corruptos pueden pasearse por la calle sin riesgo alguno del repudio social, donde nos sentamos a la mesa con personas que “venden” certificados, facturas o realizan muchos otros actos de corrupción.

¿Queremos un país menos corrupto? Hagámonos responsables de nuestras acciones y también del trato que le damos a las personas que son corruptas, expongámoslas, hagámoslas sentir incómodas, repudiemos públicamente sus actos y démoslos a conocer. De otra forma, estamos siendo cómplices de ellos y de este cáncer que tanto daño le hace a nuestro país, ya basta de decir “así se hacen las cosas aquí”. Empecemos el cambio en cada uno de nosotros.

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Contacto:

Jimena Cándano, actualmente es la Directora Ejecutiva de la Fundación Reintegra.*

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.

 

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