A más de un mes de la elección del 6 de junio de 2021, podemos delinear algunos escenarios para la segunda mitad del mandato del presidente López Obrador, en términos de las reformas legales o constitucionales favorables a la Cuarta Transformación.

Por un lado, tenemos que Morena y los partidos aliados tendrán la mayoría absoluta (50%) de la Cámara de Diputados, si bien aún está pendiente la asignación de diputaciones de representación proporcional por parte del INE, en el mes de agosto. A grandes rasgos, esto significa que, para reformar la Constitución, Morena necesitará los votos de otros partidos, a fin de alcanzar la mayoría calificada (334 votos), pero conservan los votos suficientes como para aprobar el presupuesto o reformar leyes secundarias.

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Entre los saldos importantes de la reciente elección es el triunfo de Morena a nivel territorial, al haber ganado 11 de las 15 gubernaturas en disputa, con lo que gobernará en total, 16 entidades federativas. El PRI por su parte se coloca como el partido que podría darle la fortaleza al bloque opositor en la próxima integración de la Cámara de Diputados, pero también el que es capaz de dotarle la mayoría calificada a Morena para lograr cambios constitucionales. Por su parte, el PAN se afianza a nivel territorial al retener las gubernaturas de Aguascalientes, Chihuahua, Guanajuato, Yucatán y Querétaro, a la vez que fortalece su representación en la Cámara, al aumentar 31 curules a las obtenidas en 2018.

La alianza electoral Va por México conformada por el PRI, PAN y PRD tuvo como elemento de cohesión la oposición al titular del Ejecutivo, no así un proyecto programático o ideológico. Se trata de una unión endeble como para traducirse en una coalición legislativa, por lo que es probable que continuemos viendo una estrategia cooperativa por parte del PRI como ha sucedido desde 2018, según sean los temas o proyectos de discusión parlamentaria, sin que esté cerrada la puerta para lograr algunos votos favorables por parte de los otros dos partidos integrantes de la Alianza, como ha ocurrido con algunas reformas controversiales aprobadas bajo el mandato de López Obrador. El PAN ahora se percibe con menos incentivos para apoyar con su voto las reformas legislativas de interés del presidente, pues los resultados electorales recientes lo colocan como la cara más visible del bloque opositor.

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Quizá lo más relevante de lo que podamos dilucidar de la agenda legislativa del presidente López Obrador hacia la mitad de su mandato es que se refuerzan algunas formas de proceder que ya hemos visto en estos tres primeros años. Un ejemplo de ello es la manera en que se empujó la reforma del Poder Judicial, cuyo centro de controversia es la ampliación del mandato de Zaldívar, quien fue electo en enero de 2019 como presidente de la Suprema Corte y cuyo mandato debe concluir en 2022.

Dada la aritmética legislativa a partir de septiembre de este año, podríamos esperar que aumenten los incentivos para intentar dirimir los asuntos de interés para el presidente López Obrador en el ámbito judicial, específicamente en la Suprema Corte. Tal como lo mostró la manera de intentar extender el periodo del ministro al frente de la Corte, a través de una reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial, ciertos temas de interés para el proyecto del presidente podrían empujarse a través de reformas legales, a sabiendas de su posible inconstitucionalidad y con toda la intención de que la decisión final quede en manos de los ministros de la Corte.

En esta tesitura será un contexto de mayor presión para el Poder Judicial, pero también, una oportunidad histórica para mostrarse como un actor autónomo e independiente.

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Contacto:

Maestra en Políticas Públicas por la Universidad de Oxford y Licenciada en Ciencia Políticas y Relaciones Internacionales, por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

Twitter: @palmiratapia

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.

 

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