Hace algunos años, la DEA planteó que la estrategia más adecuada para enfrentar a los grandes cárteles de las drogas, era la de pulverizarlos para que se dividieran en células.

En parte así ocurrió y por ello en la actualidad existen múltiples organizaciones, aunque en realidad dos sean los grupos más poderosos: El cártel de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación.

El problema es que, para los ciudadanos, lo que es realmente urgente es contar con seguridad. En el fondo da igual si el que amenaza y extorsiona pertenece a una organización robusta o representa a un puñado de bandidos.

En efecto, una parte de la violencia que padece el país, proviene de la rivalidad criminal y de la la lucha por establecer controles territoriales. 

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Tarde o temprano algún grupo establecerá su hegemonía, pero eso tampoco traerá nada bueno para la sociedad, ya que significará que lograron sus objetivos y que profundizarán sus negocios, entre ellos, la extorsión y el secuestro.

Por eso es importante que las autoridades de todos los niveles se hagan cargo de la emergencia e impidan que esto ocurra. Lo que hay que lograr es que sea el Estado el que tenga el monopolio de la fuerza y quien garantice la gobernabilidad. Hay que hacernos cargo de que hay lugares y regiones donde esto no es así.

En las últimas semanas hemos observado un recrudecimiento de enfrentamientos que probablemente implica que estamos en la antesala o ya de lleno en una guerra que puede prolongarse, sobre todo en Michoacán, Tamaulipas y Zacatecas.

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La pandemia significó el cambio de rutinas y de pautas en la delincuencia organizada, tuvieron que ajustarse a una nueva realidad y al parecer lo están haciendo con cierta eficacia.

Lo que está ocurriendo muestra que han sabido aprovechar los últimos dos años para apertrecharse y para establecer con claridad metas específicas para los negocios criminales.

Por momentos parece que asistimos a una suerte de reedición de situaciones del pasado. Es el caso de los aguacateros michoacanos, quienes hace poco más de una década tuvieron que enfrentar una escalada criminal que los llevó a confiar en Los Caballeros Templarios para poder detener el avance de Los Zetas en la región.

Ya sabemos cómo acabó aquello y el enorme costo social que tuvo el desarrollo de la Familia Michoacana y la pax narca que estableció.

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 Una de las características del preludio de las grandes espirales criminales, es que hay una ausencia notoria de la autoridad. Los ciudadanos terminan sumándose a las autodefensas o eligiendo entre bandos, porque no tienen a quién acudir, ya que las policías locales son muy débiles y suelen estar infiltradas por los narcotraficantes.

En el fondo se debe asumir que no hay salida a la obligación de enfrentar al crimen organizado y sobre todo al que hace del control de la sociedad su fin mismo, para extraer rentas y para consolidar protección.

Sí, es como una novela de terror, pero hay forma de conjurarla, pero esto tendrá también un costo.

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