En 2018, parecía que para aderezar el triunfo de AMLO se alcanzaba la llegada del TMEC como una nueva oportunidad de rehacer, de redefinir, de sepultar su versión anterior, neoliberal, opresora e injusta.
En aquel momento, tanto a Trump como a López Obrador les venía bien anunciar con bombo y platillo una nueva página en la historia de la región. Por un lado, la nueva versión del Tratado consolidaba la visión proteccionista del gobierno de Donald Trump, y del lado mexicano, se celebraba el acuerdo alcanzado (aunque la recién llegada administración nada hubiera tenido que ver en el proceso). Para Canadá, igual que con la versión anterior, el Tratado era una oportunidad de consolidar su estabilidad y mantener su posición en el mercado regional y global.
Con el paso del tiempo, el cantado triunfo mexicano en el TMEC se ha ido difuminando conforme se han perfilado las líneas y directrices de las políticas públicas del actual gobierno.
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Desde el tema energético, hasta el tema laboral, pasando por la propiedad intelectual, México se encuentra en amplia controversia operativa. La incertidumbre del empresariado mexicano se acrecienta con cada decisión apresurada y sin fundamento que es anunciada por los actuales actores políticos con la obvia directriz del Ejecutivo.
Lo preocupante es que estas líneas se extiendan al Poder Legislativo y en temas que no deberían estar siquiera sobre la mesa de debate. Tal es el caso de la reciente iniciativa presentada para fortalecer la embestida presidencial en contra de las benditas redes sociales.
La iniciativa por si sola es descabellada, maniobra política de emergencia pensada para evitar que las redes actúen ahora con un efecto contrario al del 2018.
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El respaldo a esta iniciativa para regular las redes sociales en México pasa por alto la vigente organización jerárquica de la Ley en México descrita en el artículo 133 de la Constitución Política Mexicana e ignora las disposiciones de responsabilidad del TMEC, que alineadas a la Sección 230 de la Ley de decencia en las comunicaciones, protegen a proveedores de servicios informáticos evitando que sean responsables del contenido que los usuarios (terceros) publiquen en sus plataformas.
El TMEC detalla con precisión lo concerniente al comercio electrónico y el artículo 19.17 del Capítulo 19 establece que las Partes reconocen la importancia de la promoción de los servicios informáticos interactivos, incluso para las pequeñas y medianas empresas, como vitales para el crecimiento del comercio digital. Por lo cual la regulación de las redes sociales no solo es un golpe a la libertad de expresión sino a los compromisos adoptados por México en el Tratado.
El desconocimiento no exime de la responsabilidad y, aunque pareciera que no se conoce el Tratado en detalle, los miembros del Legislativo mexicano que se han pronunciado a favor de esta iniciativa son responsables de cumplir y hacer cumplir las leyes vigentes y aplicables en el territorio nacional, como lo son los Tratados Internacionales.
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