El presidente anunció que enviará esta semana al congreso, una iniciativa de reforma constitucional para modificar al sistema electoral, además de diversos elementos del esquema de gobierno. Cambios en la configuración y atribuciones de las autoridades electorales, la forma en que se designan, sus alcances, los supuestos federales, las atribuciones, el financiamiento a partidos, el número de espacios legislativos en ambas cámaras, etc., serían rearticulados de acuerdo con esta propuesta.

En realidad ha conformado un esquema clientelar que podría adecuarse a cualquier modelo de sistema electoral, hasta el punto en que se siga garantizado el acceso a recursos para financiar los programas sociales en que se basan, como hasta ahora pasa, por lo que, si bien una reforma es importante, no es determinante para los éxitos electorales que busca.

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Si envía el mensaje de que no se modifique ni una coma a su propuesta, es muy probable que, cualquiera que esa sea no obtendrá el apoyo de la oposición ni, incluso, de sus aliados, quienes ya se habían posicionado en contra, la primera vez que el presidente propuso bajar el financiamiento a los partidos, así como el número de escaños en el congreso. Es claro que ni el PVEM ni el PT, aceptarían reducir su presupuesto ni su presencia en los espacios legislativos, misma que mantienen por los espacios de representación proporcional y no por sus capacidades electorales en distritos uninominales. Aceptar la propuesta presidencial sería un suicidio para sus aliados, pero no necesariamente sería benéfico para Morena.

Parece que enviará la iniciativa a sabiendas de que, como la ha propuesto, no será aprobada, con lo que tendría elementos para seguir acusando a la oposición de obstaculizar su proyecto. Más allá de la viabilidad de su propuesta, para los actores políticos es importante avanzar en una reforma del sistema electoral, fundamentalmente porque buscan maximizar sus beneficios con respecto a adecuaciones al sistema que mejoren su posición.

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Por ejemplo, no todos los partidos se opondrían a cambiar la integración del consejo general del INE o el tribunal electoral, pues con los cambios podrían incorporar a personajes que respondan a sus posiciones, como los actuales respondieron, en su momento, a las posiciones de quien les propuso y designó. De la misma forma, las acusaciones del presidente contra el INE han hecho inviable la integración actual, donde un poco menos de la mitad de las y los consejeros son afines a la 4T, pero que se han visto en obligación de responder al discurso presidencial o mantenerse con un bajo perfil.

De la misma forma, claramente Morena se beneficiaría en este momento de la eliminación de espacios de representación proporcional, por su dominio en diversos distritos uninominales, pero no quiere decir que, en el futuro, cuando ya no esté el presidente haciendo campaña por Morena, los grupos políticos en las entidades respondan de la misma forma y garanticen los triunfos que ahora tienen.

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El presidente ha ubicado un estándar alto a sus propuestas de reforma electoral, como el caso de la elección de quienes integran al INE, así como al tribunal electoral, por lo que no estaría dispuesto a que salieran de la reforma para dar gusto a sus opositores, lo que, claramente, sería una posición de debilidad, misma que no está interesado en asumir.

En ese sentido, es claro que la reforma electoral, como la ha planteado hasta ahora el presidente, es inviable en su realización, además de que representa un retroceso en espacios del propio sistema electoral, mismo que se ha venido construyendo con la participación de las fuerzas políticas más relevantes en cada coyuntura.

La enviará de cualquier manera, no únicamente porque ha prometido hacerlo, sino porque busca mantener el tono de confrontación que ha configurado con más fuerza desde inicios de 2022, debido al momento en que su gobierno se encuentra y por la necesidad de mantener el control de la sucesión, tanto dentro de Morena, como en el espacio de acción del resto de los partidos.

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