El rescate de la actividad productiva del Estado mexicano tiene que leerse como signo congruente con la mejor parte de nuestra historia y con la defensa de nuestro patrimonio, pues a pesar de que algunos actores quieren dar un matiz negativo a la aprobación de la Ley de la Industria Eléctrica, un análisis cuidadoso indica que en 2013 se efectuó una regresión a la norma y hoy se corrige.
La afectación deliberada que se generó contra la Comisión Federal de Electricidad (CFE) consistió -entre otros elementos-, en fragmentar su tarea, reducir su presencia y quitar prioridad en el despacho o entrega de la energía eléctrica a los usuarios, para darlo a empresas multinacionales, junto a precios y contratos preferentes.
Esa política no respondió a beneficios comerciales a favor del país, sino a una visión antinacional presente en múltiples acciones del gobierno del ex presidente Enrique Peña Nieto.
La reforma de 2013 dio a empresas multinacionales privilegios para tener una producción al cien por ciento de eficiencia, y gradualmente se obligó a la CFE a detener la actividad en hidroeléctricas y termoeléctricas.
Desde aquel año, un organismo llamado Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) tomó el control operativo del sistema eléctrico nacional, convalidando la reforma que lastimó a la CFE parando actividad en plantas generadoras por largos periodos, acumulando pérdidas.
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Estas decisiones han tenido efectos en la vida cotidiana de los ciudadanos. No son medidas abstractas sin impacto.
Dos ejemplos: el freno en la producción de plantas hidroeléctricas de CFE ha obligado en diferentes momentos a esa empresa pública a abrir compuertas de las presas, pero la liberación de agua generó daño en poblaciones con miles de personas de diferentes zonas del país, como Tabasco.
Es obvio que aquella norma no cuidó el interés nacional ni los derechos de la población que vive aguas abajo, dañando la protección y salud de la gente.
El otro ejemplo es el reciente paro de actividades de las plantas privadas ocurrido en el centro norte del país, originado -se debe tener claro- por la afectación de las nevadas en EU y la dependencia que tenemos de esa nación.
Diversas voces cuestionaron al gobierno federal por falta de luz, sin explicar que el personal de CFE realizó una hazaña al lograr sustituir a las empresas privadas para dar equilibrio al abasto eléctrico de usuarios de la región.
Desde el espectro de la izquierda, el señalamiento siempre fue y será que se debilitó el desarrollo de la nación con decisiones que beneficiaron a nuevos actores en el mercado en detrimento de la soberanía nacional y nuestros recursos naturales.
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Mediante un proceso legislativo apegado a la norma, ahora a partir de la iniciativa preferente que envió el Presidente Andrés Manuel López Obrador, los Diputados y Senadores la aprobaron y entró en vigor el 10 de marzo. Se abrió un lapso de 180 días para su plena aplicación, de acuerdo con los artículos transitorios de la ley. Sin embargo, ahora vemos la suspensión provisional decretada por un juez, que estará vigente hasta en tanto se notifique a las autoridades responsables la determinación que se adopte sobre la suspensión definitiva.
La reforma a la Ley de la Industria Eléctrica no es un retroceso, es la recuperación ante una acción entreguista y queda claro quiénes se oponen y que interpondrán solicitudes de juicio de amparo, y otros recursos para tratar de incidir en la percepción de los ciudadanos.
Lo cierto es que la reforma permitirá elevar eficiencia, tener menores costos de operación y ampliar la capacidad de la CFE para generar energía eléctrica.
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Establece una nueva regulación en beneficio del interés de México que retorna prioridad en la generación y distribución de enegía que hace el Cenace, con la producción de las plantas de la CFE.
La iniciativa busca recuperar el principio de rectoría del Estado y establece que el Cenace tendrá como obligación dar prioridad a la energía eléctrica producida por la CFE y será despachada en primer lugar por las hidroeléctricas, según los volúmenes de agua disponibles en la generación.
El escenario de los amparos era hasta cierto punto previsible, habrá que estar atentos a la resolución del juez sobre la decisión que tome en torno a la suspensión definitiva.
Brenda Calderón Ovando es Antropóloga, periodista, especialista en comunicación y derecho parlamentario, pero sobre todo, mujer de izquierda inmersa en la escena política nacional, siempre trabajando por las mejores causas de México.*
Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.
