Biden es el último presidente de Estados Unidos que tiene la posibilidad de revertir el cambio climático. Su ambición por combatir este fenómeno se debe, en gran medida, a la presión de activistas jóvenes del Sunrise Movement. La protesta social que creció durante las campañas electorales exige la instrumentación de un plan que acelere la transición energética bajo principios de justicia social. Así nace el llamado New Green Deal que considera dos aspectos fundamentales: reducir a cero las emisiones de gases de efecto invernadero en tres décadas y asegurar que el empleo de industrias contaminantes se transforme en empleos verdes.
Después un cabildeo complicado con el equipo de Biden, los líderes del Sunrise Movement, un grupo de activistas que luchan para detener la crisis climática, lograron establecer una alianza que contribuyó a que 3.5 millones de jóvenes votaran por el demócrata en los estados clave. Ahora, Biden asume que el cambio climático es la principal amenaza para la humanidad y para ello ha prometido un plan ambicioso y acelerado de transición energética. ¿Qué tan factible será cumplir con la revolución climática impulsada por las y los jóvenes?
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Biden hereda una serie desastres tras el abandono de la política climática durante la presidencia de Trump. Me atrevo a decir que perdimos mucho más que cuatro años en materia energética, debido a que el calentamiento global se acelera exponencialmente. Por lo tanto, las nuevas medidas deben ser más disruptivas para poder compensar por este tiempo perdido. Tan sólo al inicio de su administración ya se estableció la meta de descarbonizar por completo el sector eléctrico para 2035. Este proceso será acompañado de la creación de millones de empleos dignos y verdes, garantizando una transición justa.
¿Qué es lo primero que debe demostrar Biden para tener credibilidad? Sin duda, el primer paso será el declarar una emergencia climática nacional, sustentado en la Ley de Emergencias Nacionales (NEA) y la Ley de Producción de Defensa (DPA), lo cual lo facultará para tomar acciones ejecutivas unilateralmente. Esto es clave dado que será casi imposible pasar legislaciones en un Senado dividido. Esta medida es más significativa que la firma del Acuerdo de París, dado que permite a Biden evadir los obstáculos del Congreso bajo la justificación del interés nacional ante los riesgos climáticos. Claramente se avecina un punto de inflexión donde la declaratoria de emergencia para construir el muro racista quedará atrás y por fin se utilizará para enfrentar la mayor amenaza a la humanidad: el cambio climático.
Millones de votantes en Estados Unidos eligieron a Biden y sus promesas de política climática. Sabemos que la transición energética requerirá de sacrificios que desmoralizarán a millones de personas que dependen de una economía basada en combustibles fósiles. El cambio gradual tuvo que haber empezado hace dos décadas. Ahora, el cambio súbito no es opcional, sino urgente e inevitable.
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La dependencia económica de México hacia Estados Unidos es el talón de Aquiles de la política mexicana, como argumenta Lorenzo Meyer. Una vez más, es de esperar que el viraje económico de Estados Unidos arrastre a México en el mismo sentido. Hay dos alternativas generales para este proceso. La primera es que el gobierno actual mantenga su proyecto sin ajustes y que en menos de tres años tenga que haber un cambio abrupto de la economía mexicana.
Esto podría implicar que activos que generan o utilizan combustibles fósiles pierdan su valor en el mercado y se vuelvan obsoletos. Las consecuencias son incalculables en términos de empleo, cadenas de valor, pobreza y estabilidad social. La alternativa: colaborar con el gobierno de Estados Unidos para promover una transición energética desde un punto de vista regional. Gracias a que el sistema económico y financiero global están ya en la ruta hacia la neutralidad de carbono, esta estrategia puede traer más beneficios de los que inicialmente espera el gobierno con el proyecto actual. ¿Qué elegirás, México?
Rodrigo Osorio Díaz actualmente se desempeña como Jefe de Oficina del Gobernador del Estado de Puebla y es Director General de la Agencia de Energía.
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