El proceso electoral será el más grande la historia y puede convertirse en el más violento. Los datos son inquietantes: 18 muertes asociadas a aspiraciones políticas, es decir, precandidatos a algún cargo de elección. El caso más reciente, el de la candidata a la alcaldía de Ocotlán de Morelos, en Oaxaca, Ivonne Gallegos.  

Por si eso fuera poco, la consultora Integralia, documentó entre septiembre de 2020 y enero de este año, 64 asesinatos por violencia política.

Quizá por las crisis sucesivas por las que estamos pasando, nos hacen no ver con claridad la profundidad del problema.

Recordemos, que entre otros, fueron asesinados Aristóteles Sandoval, ex gobernador de Jalisco, Florisel Ríos, alcaldesa de Jamapa, en Veracruz, Carlos Beltrán, presidente municipal de Temósachic, en Chihuahua y José Antonio Acosta, diputado local en Guanajuato.

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Es un espanto, por supuesto, por lo que significa para las víctimas, sus familiares, amigos e inclusive partidarios. Es una forma de decidir la contienda fuera de la boleta o de cortar influencias, de romper liderazgos y desbarrancar posibilidades.

Forma parte de la debilidad institucional en la que nos encontramos, no de ahora, pero sí profundizada por la ausencia de la política, por la escasa presencia de los órganos encargados de dotar de condiciones que hagan posible la gobernabilidad democrática.

La política interna luce abandonada, como no sea en el espacio electoral, donde la operación del gobierno es aceitada por la experiencia y por la convicción de que pasar la aduana del 1 de junio es indispensable para la consolidación del proyecto de la 4T.

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Quizá se pierde de vista que la legitimidad de la contienda tiene que ver mucho con su calidad, con las condiciones en que se realiza.

Ojalá los acuerdos del titular del ejecutivo con los gobernadores sirvan para distender el ambiente y que ello forme parte del respeto a las instituciones encargadas de la contienda, el INE y el Tribunal Electoral, pero no nos engañemos, la dificultad más grande está en el terreno, en zonas donde intereses legítimos e ilegítimos se enfrentan.

Por desidia, irresponsabilidad y costumbre, hemos dejado de lado la indignación ante la irrupción de la violencia. Hay condenas ante hechos consumando, es verdad, pero al parecer no existe una idea cabal del desafío en que nos encontramos.

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El ambiente, polarizado, tampoco ayuda, porque se está generando un escenario donde los puentes de diálogo son bastante endebles por lo que está en juego.

Es ahí donde se realizarán las campañas y en condiciones inéditas por las restricciones que impone la pandemia.

La seguridad es quizá uno de los temas más apremiantes, pero está solo será exitosa si es acompañada del trabajo de todos, de autoridades y partidos, para dejar en claro cuáles límites no se pueden rebasar.

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