Lo que hasta hace unos días parecía improbable, al cierre de los trabajos de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, se logró en la primera jornada de trabajos de la nueva Legislatura. La ahora presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Sánchez Cordero anunciaba la aprobación de la Ley General de Revocación de Mandato, en la madrugada del 3 de septiembre, como “signo de los tiempos por venir…”.
El tema no es menor, tanto por el contenido de la propia Ley como por la forma y el contexto en que se da su aprobación. Recordemos que la intención de aprobar un periodo extraordinario para aprobar la ley reglamentaria provocó que los partidos de oposición se cohesionaran en torno al no y con ello sepultaran la posibilidad de tener aprobado el andamiaje jurídico hace unas semanas.
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Es por ello, que llama la atención la rapidez con la que el Senado logró sacar adelante el tema, cuando todavía en medios se hablaban de las polarizadas posturas de los partidos en torno a este instrumento. Un aplaudido Ricardo Monreal, presidente de la JUCOPO, anunciaba a sus pares el retiro de la reserva para que el titular del Ejecutivo tuviera la oportunidad de opinar e informar acerca de la continuidad en su cargo. Ello con el fin de evitar la ruta de la judicialización tal como lo había advertido la oposición de aprobarse tal propuesta.
En esta coyuntura, destaca el acuerdo alcanzado en el Senado, donde la ley fue aprobada en lo general con 101 votos a favor y dos en contra, lo que refleja un trabajo de consenso por parte de los liderazgos políticos, en un tema que ha sido motivo de amplios disensos sobre su potencial uso electoral. Interesante la redacción de la pregunta que fue viable aprobar en el Senado, al pasar de una ratificación en el cargo del Presidente de la República, a una pregunta que ahora más bien es doble y que incluye la pérdida de confianza. Esto aún cuando algunos actores de Morena, incluidos Sánchez Cordero y Mario Delgado, defendían la legalidad de la pregunta previa que se refería a la ratificación en el cargo.
“¿Estás de acuerdo en que a (nombre) presidente/a de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo?” es la redacción que pudo lograr los consensos necesarios entre partidos en el Senado. No es excesivo decir que la pregunta es una de las partes esenciales en el ejercicio de la revocación de mandato y, aunque la redacción lograda en el Senado respeta en parte el sentido primigenio de este instrumento de participación democrática, queda lejos de ser la pregunta más clara y directa posible para la ciudadanía, la que debería de contestarse con un llano si o no.
Con la aprobación de la Cámara de Diputados del proyecto de ley, queda en firme la pregunta consensada en el Senado, la cual podría ser puesta a consideración de la ciudadanía en marzo de 2022.
Ante el rezago legislativo para aprobar la Ley reglamentaria del artículo 35 constitucional, es una buena noticia que sean las y los representantes populares quienes establezcan las reglas para implementar este instrumento de participación ciudadana, mismo que podría ponerse en marcha en dos meses con la recolección de firmas, para alcanzar al menos el 3% de los inscritos de la Lista Nominal. Al INE le tocará resolver los detalles que por hoy escapan a nivel reglamentario pero que serán necesarios resolver para organizar el primer ejercicio de revocación de mandato en nuestro país, en un contexto claramente polarizado y enmarcado en la elección del 2024.
Contacto:
Maestra en Políticas Públicas por la Universidad de Oxford y Licenciada en Ciencia Políticas y Relaciones Internacionales, por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
Twitter: @palmiratapia
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