Las sanciones a Movimiento Ciudadano y al PVEM por parte de la autoridad electoral, abre un interesante debate sobre los límites a la libertad de expresión en el ámbito de las redes sociales, así como el impacto de los influencers en la equidad de la contienda electoral. En realidad, se trata de un tema con más preguntas que respuestas, inacabado, y que muestra los retos para un marco legal que no avanza al mismo ritmo que la expansión de la tecnología y de las redes sociales.
En el ámbito electoral, esta discusión ha llamado la atención de manera inusitada, justamente porque los nombres involucrados corresponden a famosas y famosos con resonancia por sus millones de seguidores.
El caso de Movimiento Ciudadano ejemplifica con fuerza los retos para la regulación electoral y en particular, la fiscalización, cuando hablamos del ciberespacio. La decisión mayoritaria del INE fue sancionar al gobernador electo de Nuevo León y su partido por recibir aportaciones en especie por parte de Mariana Rodríguez, esposa y reconocida influencer.
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Seguramente la decisión final caerá en manos del Tribunal Electoral quien tendrá la oportunidad de arrojar mayor claridad en este debate. Recordemos que en agosto de 2018 esta autoridad resolvió un caso similar. En ese entonces consideró que el hecho de que Mariana Rodríguez fuera una influencer no era suficiente para que sus publicaciones fueran cuantificadas electoralmente, al no haberse acreditado que hubo un pago de por medio. Veremos si el Tribunal se sostiene en ese criterio y resuelve a la luz de la jurisprudencia sobre libertad de expresión, o bien, pondera en mayor medida, la equidad en la contienda. En todo caso, su decisión fijará un precedente importante para quienes pretendan emular en un futuro la exitosa fórmula Samuel-Mariana.
Pero la propaganda política y las redes sociales son solo un ejemplo de un problema más amplio que atraviesa diversos tópicos, desde la seguridad de los datos compartidos en la red hasta la infodemia. En Estados Unidos, por ejemplo, aunque desde hace una década se busca establecer directrices de cómo deben divulgarse los contenidos patrocinados en línea, en pleno 2018 el fundador de Facebook, Zuckerberg, era llamado a comparecer ante el Congreso por el escándalo de Cambridge Analytica durante la campaña presidencial de 2016. A esto siguió que, en la reciente elección de 2020 en el mismo país, la empresa Twitter decidiera bloquear de manera permanente la cuenta del entonces presidente Trump, por lo que podría entenderse como “abusos” a la libertad de expresión.
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En nuestro país, como en la mayor parte del mundo, no hay una regulación específica para la actividad de los influencers. Lo que si hay es un marco normativo para regular la publicidad en medios tradicionales y un Código de Ética para comercio electrónico, recientemente elaborado por la PROFECO que establece que cualquier publicidad pagada debe ser identificable para los consumidores.
Ante un mercado en expansión como lo son las redes sociales, las posibilidades de monitorearlo de manera efectiva con el marco legal vigente se han mostrado francamente limitadas. Lo cierto es que el derecho de las y los mexicanos a recibir publicidad transparente y veraz no ha sido garantizada incluso en los medios tradicionales de comunicación. En el Congreso se han presentado diversas iniciativas que buscan regular algunas partes del fenómeno de las redes sociales, como la ciberseguridad o la difusión de noticias falsas, no sin controversia como lo mostró la propuesta divulgada por el senador Ricardo Monreal en febrero de este año. Recientemente se impulsa la iniciativa #LeyInfluencerYA desde algunas organizaciones de la sociedad civil, la cual podría encontrar terreno fértil a la luz de este debate en materia electoral.
Contacto:
Maestra en Políticas Públicas por la Universidad de Oxford y Licenciada en Ciencia Políticas y Relaciones Internacionales, por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
Twitter: @palmiratapia
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