Vivimos en un país donde se calcula un 99% de impunidad, lo cual la convierte en regla. Esto quiere decir que no hay investigación, no se dan juicios, no hay restitución para la víctima. En pocas palabras no hay justicia.
Sin embargo, nuestras cárceles están llenas, el problema es que lo están de personas pobres, sin educación, oportunidades y, en muchísimos casos, inocentes.
El poder legislativo, judicial y ejecutivo en sus 3 niveles de gobierno desde hace varias décadas, lejos de buscar resolver el problema, han buscado maquillarlo con pequeños ajustes que no hacen ninguna diferencia.
Esta última legislatura decidió crecer el catálogo de prisión preventiva oficiosa, esto significa cárcel automática a quien se acuse de ciertos delitos. Sin importar si existen las pruebas suficientes para demostrar el riesgo de fuga o la culpabilidad.
Esto simplemente genera una falsa sensación de seguridad, pensando que por llenar las cárceles los delitos bajan. Está demostrado, no solo en México, sino en el mundo, que más penas y más castigos no reducen los índices de comisión de delito.
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El poder ejecutivo le ha apostado a una mayor militarización del país, con una Guardia Nacional que lo único que tiene de civil es el nombre en el papel, son más bien soldados que no están entrenados para el cumplimiento de labores de seguridad civil, patrullan las calles sin capacitación o entrenamiento para cumplir con su trabajo.
El poder judicial sigue solapando a jueces, magistrados y personal de juzgado corruptos que entorpecen el seguimiento de los juicios, dejando libres a culpables y privando de la libertad, en muchos casos, a inocentes.
Los estados y municipios han abandonado a sus policías, los cuales están expuestos a perder la vida contra delincuentes con mejor entrenamiento y armamento; por el otro lado, se encuentran vulnerables a actos de corrupción por la falta de entrenamiento, así como a la precariedad.
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Tanto el poder ejecutivo federal como local han dejado de lado la importancia de la denuncia y la investigación del delito, con fiscalías totalmente borradas, en la gran mayoría de los casos, captadas por la corrupción.
Todo esto nos ha llevado a un país donde denunciar no hace sentido, porque no habrá quien investigue, persiga, enjuicie y castigue a quien haya cometido un delito.
Las y los ciudadanos nos encontramos en total indefensión, las autoridades se encuentran en total indiferencia. La justicia en nuestro país solo se aplica a quien tiene dinero para acusar o a quien tiene dinero para defenderse. Todos los demás estamos a la deriva en un país donde la realidad es que no hay ley.
Sobre la autora:
Jimena Cándano, actualmente es la Directora Ejecutiva de la Fundación Reintegra.
Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.
