Estamos a las puertas de lo que se puede convertir en una crisis humanitaria. La muerte de 55 migrantes en un accidente carretero en Chiapas y la llegada de una caravana a la Ciudad de México, son apenas la muestra de un problema mucho más profundo y que genera crisis sucesivas en materia social y de seguridad.
Las personas migrantes no se van a detener y el sueño de llegar a Estados Unidos persistirá en la medida en que en sus respectivos países las condiciones de vida, seguridad e inclusive políticas se continúen deteriorando.
Para México las presiones irán aumentado gradualmente y se tendrán que tomar medidas en torno a la permanencia de migrantes, sobre todo de Centroamérica, pero también de El Caribe, Venezuela e inclusive África.
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Si bien la mayoría de los migrantes no tienen como objetivo el permanecer en nuestro país, es evidente que muchos de ellos terminarán quedándose aquí, lo que implicará el despliegue de políticas públicas de apoyo, que les permitan encontrar vivienda, trabajo, acceso a servicios de salud y donde los menores de edad se puedan incorporar a las escuelas públicas. Es eso o condenarlos a situaciones económicas bastante apremiantes.
Un dato, de enero de 2019, cuando se implementó el programa “Quédate en México” hasta enero de 2021, 71 mil personas, entre ellas 16 mil niños tuvieron que esperar o esperan que sus solicitudes de asilo sean aceptadas.
El programa, en los hechos, convirtió a nuestro país en una suerte de tercer país seguro. El presidente Joe Biden lo suspendió por algún tiempo, pero ahora de nueva cuenta empiezan a retornar los viajeros, porque una resolución judicial de una Corte en Estados Unidos así lo ordenó.
Las autoridades mexicanas pudieron oponerse argumentando razones soberanas, pero optaron por el pragmatismo.
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En la zona fronteriza, sobre dodo en ciudades como Tijuana y Mexicali, en Baja California; Piedras Negras, Coahuila; Ciudad Juárez, Chihuahua y Nogales, Sonora, los albergues, la mayoría atendidos y financiados por la Iglesia Católica, están por ser o ya fueron rebasados en sus capacidades.
Pero frente a todo esto, hay una arista inquietante y es la que deriva del fortalecimiento del crimen organizado ante las medidas cada vez más restrictivas para quienes ingresan a México para intentar llagar a la frontera norte y cruzar el Río Bravo.
Los grupos que se dedican a la trata de personas cobran cada vez mayores cuotas y los migrantes se vuelven todavía más vulnerables y son sujetos de violencia, extorsiones, secuestro y hasta homicidio.
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Por eso se está creando, a instancias de la Secretaría de Relaciones Exteriores, una fuerza regional, en la que participarán también los países de Centro América, de combate a las organizaciones delictivas que están trasladando a miles de personas.
Un aspecto que requerirá de finura y de indagatorias sólidas, será lo que respecta a las fachadas sociales y humanitarias que por momentos utilizan los grupos delincuenciales para lograr sus propósitos.
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