Hace cuatro años, el 5 de febrero de 2017, Porfirio Muñoz Ledo participaba en las celebraciones por la publicación de la Constitución de la Ciudad de México.
Había motivos para estar satisfecho, ya que como coordinador de la Reforma Política, en el gobierno de la capital, trabajó de modo intenso para lograr ese objetivo, que además se desplegaba hacia la plena ciudadanización de los habitantes de la metrópoli.
El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, le encargó, junto con el Consejero Jurídico, Manuel Granados y con Rogelio Muñiz Toledo, el hilado fino que estaba destinado a culminar lo que fue un largo anhelo de las fuerzas democráticas.
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Viendo en retrospectiva, nadie podía imaginar, que un lustro después la urgencia no radicaría en el cumplimiento del texto de la Ciudad de México, sino en la defensa de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la de 1917.
Uno de los rasgos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, es el de la concentración del poder. El modelo de estado que hasta la fecha sigue funcionado le molesta y por ello ha señalado, con claridad, que profundizará los cambios en los órganos autónomos, para que sus funciones sean asumidas por el propio gobierno o en su caso por los poderes legislativo y judicial.
En las últimas semanas adelantó que lo que hace el INE puede ser asumido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esto rompería con el sistema democrático de partidos que se fortaleció desde los años setenta y que cobró normalidad a partir de los noventa, con elecciones competidas, vigiladas y legitimas.
El INAI sería un área de la Función Pública y así por estilo. Para López Obrador ese tipo de organismos son costosos y solo fueron ideados para solapar a la corrupción y a los conservadores. Por supuesto que no fue así, sino que su construcción provino de la necesidad de dotar de trasparencia al ejercicio de la propia acción de los gobiernos, acotando la arbitrariedad y, precisamente, los comportamientos ilegales, patrimonialistas y depredadores.
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El reto del titular del ejecutivo está planteado y uno de sus principales opositores es el diputado Muñoz Ledo, quien está planteando la creación de un Frente Amplio de Defensa de la Constitución.
Su idea es la convocar a académicos, intelectuales, políticos y periodistas, para atajar lo que considera un retroceso en la vida política del país.
Muñoz Ledo busca el centro de la acción política, para distanciarse de los que considera derechistas de la 4T, pero al mismo tiempo de quienes son francos opositores al proceso de transformación que inició en diciembre de 2018.
Una tercera vía que tendrá mucho trabajo, sobre todo después de las elecciones de junio. Hace unos meses el diputado por Morena y quien encabezó la Cámara de Diputados y colocó la banda presidencial a López Obrador, pensaba que su ciclo en el servicio público, entendido en el sentido más amplio, estaba por concluir, y ahora inicia una de las batallas más importantes de su larga y productiva biografía.
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