La tortura es una práctica que nos pone en riesgo a todas y todos como sociedad, porque cuando la tortura existe y se normaliza se pierde la confianza en las autoridades y el sentido de seguridad en un país como el nuestro, donde es una practica común por las distintas policías, la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas, todos podemos ser víctimas de una detención arbitraria y de tortura.

Como siempre el presidente tiene otros datos, muy distintos a las de organizaciones y organismos internacionales sobre las cifras de tortura en nuestro país. Hace unos días habló sobre un decreto, que la Secretaría de Gobernación elaborará para que las personas presas sin sentencia que hayan sido torturadas queden en libertad, esto mediante el Protocolo de Estambul.

Como bien se sabe, el Protocolo de Estambul es un documento que proporciona el “primer conjunto de directrices reconocido internacionalmente para los médicos y abogados sobre cómo determinar si una persona ha sido torturada”, este se aprobó por la ONU en 1999 y fue elaborado por más de 75 expertos.

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¿Por qué se ha comenzado a aplicar en México? En nuestro país se  han podido identificar casos de tortura en la población total de personas privadas de la libertad a nivel nacional, la cual se ubica en 211 mil 169 al cierre de 2020, de acuerdo con el Censo Nacional de Sistema Penitenciario Federal y Estatales 2021, recién publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Y, de hecho, aunque no se sabe todavía cuántas de estas vidas han padecido el delito de tortura a nivel nacional, en el caso concreto de la Ciudad de México sí. Han pasado más de dos semanas desde que Claudia Sheinbaum, anunció que según un estudio realizado por la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX, hay 479 víctimas de tortura, los cuales ya están siendo investigados.

La Ciudad de México es una de las entidades que concentraron el mayor número de personas privadas de la libertad con 26 mil 259 (El Estado de México es el primer lugar con 32 mil 759 personas privadas de la libertad), y no es donde precisamente se liberan a la mayor cantidad de personas por año, es aquí mismo donde ya se investigan la tortura bajo el Mecanismo Catalán de Prevención de la Tortura.

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Entonces, ¿qué significa todo esto? que vivimos en un contexto de violencia e impunidad que ha sido tan normalizado, que ya ni siquiera reparamos en el daño que viven las personas en conflicto con la ley que sufren de violencia por parte de las autoridades, quienes debieran salvaguardar la seguridad, ya sea durante su detención o mientras están privadas de su libertad y no, “no se lo merecen” no es “lo mínimo que deberían pasar por ser ‘delincuentes” porque eso, no es justicia, eso no los ayuda a reformarse, al contrario, los perjudica más y de paso a todos nosotros, su dolor es el de la sociedad. Generar empatía es más fácil cuando pensamos en términos personales; si fuera un familiar, o algún amigo o amiga, ¿nos gustaría que a la hora de detenerlo abusaran física y sexualmente de ellos, que los golpearan, que les dieran toques, los asfixiaran, o un muy largo etcétera?, o ¿quisiéramos que respetaran sus derechos los presentaran ante un juez y tuvieran un juicio justo?

Las personas que están privadas de su libertad no pierden ni debieran perder sus derechos humanos y no porque lo crea yo, si no porque lo dice la Constitución y los múltiples tratados internacionales que ha firmado nuestro país. Erradiquemos esas formas de pensar punitivas y vengativas que solo alimentan una cadena sin fin de violencia, impunidad y desesperanza. Hay mucho trabajo por hacer, pero no lo lograremos si no lo hacemos todos juntos y me refiero a romper paradigmas en relación a los mal llamados “delincuentes” porque aunque no lo crean, la cárcel rara vez es la solución, en la gran mayoría de los casos suele ser un factor que potencializa la violencia y la comisión del delito

No queremos la tortura en México, pero existe porque las autoridades cierran los ojos, porque como sociedad la normalizamos como un método de investigación, porque no exigimos como sociedad que se respeten los derechos humanos, que se fortalezcan las unidades de investigación, porque no le exigimos al gobierno que haga las cosas bien. En general preferimos cerrar los ojos y no ver la realidad de nuestro país, ni siquiera los números maquillados que nos presenta el gobierno.

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La realidad es que casi todas las personas que son detenidas sufren golpes y se violan sus derechos humanos y esto por decir lo menos. Ahora imaginemos está historia: tu primo de 15 años esta con sus amigos jugando en las maquinitas de la esquina y un policía lo considera sospechoso, lo detiene, lo golpea, le dan toques en partes blandas, lo presentan al ministerio público después de 6 u 8 hrs de estar dándole vueltas. Sus papás están vueltos locos buscándolo, nadie sabe dónde está. Por fin se enteran que está en el ministerio público pero sigue incomunicado.

Recordemos es un niño de 15 años, que un policía vio sospechoso probablemente por su color de piel o como dicen ellos “por portación de rostro”. Esto que ha vivido es tortura y al cerrar nosotros los ojos como sociedad permitimos que a cientos de niños en nuestro país les hagan esto y cosas muchísimo peores. Esa es la realidad, por supuesto ni que decir en el caso de los adultos.

Cada vez que decimos “es lo menos que se merece”, “se lo busco”, “se lo merece”, “para que aprenda” nosotros estamos siendo corresponsables y perpetuando la tortura en nuestro país. Es momento de exigirnos a nosotros mismos y al gobierno poner un alto a estas prácticas que nos lastiman a todos.

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Contacto:

Jimena Cándano, actualmente es la Directora Ejecutiva de la Fundación Reintegra.*

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.

 

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