El pasado 16 de mayo, en Chile celebraron la elección para elegir a quienes integrarán la Convención Constitucional encargada de redactar la nueva Constitución. Con este acto se alcanza uno de los puntos torales para echar abajo la Carta Magna todavía vigente, considerada como una de las herencias del régimen de Pinochet y, de ahí, como una de las causas de las desigualdades de la sociedad chilena.
El proceso constituyente por el que pasa esta nación se explica en el contexto de las protestas que tomaron las calles en octubre de 2019, con un sombrío saldo de una treintena de fallecidos y cientos de personas que perdieron la visión a causa de la violencia policial.
Con la reciente elección, lo que sigue es la instalación de la Convención Constituyente la cual, en un plazo de 9 a 12 meses, deberá redactar un nuevo texto constitucional que será puesto a la consideración del pueblo chileno, bajo la figura de plebiscito.
Sirva el apretado resumen del proceso constitucional del país sudamericano para poner la atención en la posibilidad de una nueva Constitución en México. En el plano puramente discursivo hay razones para imaginar que la estrategia de renovación constitucional es, incluso, un paso lógico en la narrativa de la llamada Cuarta Transformación. Los tres hitos que preceden históricamente a este cambio de régimen han estado enmarcados por un cambio constitucional: 1824, 1857 y 1917. “Tres transformaciones y tres Constituciones”, como lo expresó el presidente López Obrador en 2019, con motivo del aniversario de la Carta Magna.
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La necesidad de tener en México una nueva Constitución no es una discusión nueva, como tampoco los argumentos a favor y en contra de un cambio de tal talante. Sin embargo, con el triunfo de AMLO en 2018 esta posibilidad tomó nuevos bríos, ante la promesa de parte del titular del Ejecutivo de romper con el pasado.
Pero la posibilidad de una nueva Constitución no se queda solo en el ámbito discursivo. A la fecha, Morena logró alcanzar las mayorías necesarias en ambas Cámaras para aprobar un conjunto de reformas constitucionales y legales de alto impacto: en materia educativa, revocación de mandato, paridad “en todo”, Guardia Nacional, las dirigidas al combate a la corrupción, outsourcing, así como las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica y la Ley de Hidrocarburos. De acuerdo con el coordinador de morena en la Cámara de Diputados, en la 64 Legislatura se presentaron cerca de 6,500 iniciativas, de las cuales se votaron menos de una sexta parte (1000), entre ellas 29 reformas constitucionales.
Sin embargo, los resultados electorales del 6 de junio próximo podrían cambiar la estrategia reformadora del Presidente. Luego de tres años de reformas puntuales o graduales en temas fundamentales para la 4T, el resto del sexenio podría encaminarse a una renovación constitucional, a fin de poder avanzar temas con un elevado costo de negociación como la eliminación de órganos autónomos, por citar un ejemplo.
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Si la Constitución es el pacto fundacional que sirve para dirimir las diferencias de manera pacífica, la cada vez más polarizada sociedad mexicana podría encontrar en un proceso constituyente una oportunidad histórica, y civilizada, para que esa pluralidad se vea plasmada en la norma suprema. A partir de una nueva legitimidad, una nueva Constitución no podría ser solamente la versión del grupo vencedor, tal como lo fue la Constitución de 1917.
Después de 2021, veremos si la estrategia reformista del Presidente vira hacia la generación de un verdadero proceso constituyente.
Para que un cambio de tal calado transitara por la vía pacífica no sólo basta el consenso entre las fuerzas políticas sino la legitimidad popular del proceso, a través de la participación de la ciudadanía a través de un referéndum o por medio de constituyentes democráticamente electos. Chile hoy nos da un ejemplo.
Contacto:
Maestra en Políticas Públicas por la Universidad de Oxford y Licenciada en Ciencia Políticas y Relaciones Internacionales, por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
Twitter: @palmiratapia
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