En 2019, desde la Cámara, el coordinador de Morena en el Senado anunciaba los trabajos legislativos hacia las reformas constitucionales en materia de paridad de género. Un anuncio relevante no sólo por el consenso político requerido sino porque se inscribe en un tema de justicia.
Lo que siguió fue la reforma a nivel constitucional conocida como “Paridad en Todo” que extiende ese principio a la integración de los Poderes de la Unión, de los organismos autónomos, en las candidaturas de los partidos de los partidos políticos a cargos de elección popular, y en la titularidad de las Secretarías del Poder Ejecutivo Federal y sus equivalentes en las entidades federativas, entre otros aspectos que tocan los 10 artículos constitucionales reformados.
La reforma, en vigor desde el 6 de junio de 2019, ha tenido que esperar hasta los tiempos formales del proceso electoral federal en curso, para empezar a mostrar la envergadura de los cambios legislativos. La materialización de “Paridad en Todo” en el terreno político-electoral ha tenido sus primeros embates hace unos días, con la aprobación por parte del INE de los lineamientos por los que ordena a los partidos políticos a nombrar candidatas en al menos siete de las 15 entidades en las que se renovará la gubernatura en 2021.
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La decisión, mayoritaria por cierto, de la autoridad electoral nacional tendrá profundas implicaciones para las estrategias de los partidos, lo que se dejó ver en la reacción de algunos políticos ante los primeros indicios de que desde el INE podría tomarse un acuerdo en esos términos. La Junta de Coordinación Política dejó por escrito sus preocupaciones de que el árbitro electoral se extralimitaba en sus funciones al intentar legislar al respecto.
Los argumentos en contra de esta medida recuerdan los debates tenidos en 2015, a nivel estatal, cuando por primera vez se implementaron las reformas electorales de 2014, uno de cuyos cambios fundamentales fue justamente en materia de paridad, al pasar de las cuotas de género, como fue el caso de las reformas anteriores, a la observancia obligatoria del principio de paridad entre géneros en el registro de candidaturas.
Y es que parece mentira que hace apenas unos años, en 2015, en algunos estados las dirigencias partidistas se oponían férreamente a la aplicación de la paridad a nivel municipal, en las candidaturas de miembros de Ayuntamientos, con el argumento de que las autoridades electorales de algunos estados pretendían legislar e ir más allá de la reforma. Hoy, en la antesala de la elección de 2021, los partidos habrán de observar no solamente la paridad en las candidaturas de Ayuntamientos y ni qué decir a nivel de la composición de las Legislaturas, sino también a nivel de las candidaturas para renovar la titularidad del Poder Ejecutivo en los estados. Un cambio que contribuye de manera firme a una distribución de poder político más equitativa entre hombres y mujeres.
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En la historia por la paridad de género en México la actuación de las autoridades electorales, administrativas y jurisdiccionales, han tenido una relevancia toral. Las diversas sentencias judiciales, así como las determinaciones de algunos OPLE a la que ahora se suma el INE con la reciente decisión, han potenciado las acciones legislativas en materia de paridad.
Mucho está por escribirse sobre los impactos que tendrá la reforma de 2019. Si, por ejemplo, en 2018, de las 48 candidaturas a la gubernatura de nueve entidades únicamente 11 fueron mujeres, en 2021 el panorama será totalmente distinto. Lo que viene en los siguientes años son cada vez más mujeres con experiencia en el ámbito político, a la vez que menos argumentos para los partidos para no postularlas.
Contacto:
Maestra en Políticas Públicas por la Universidad de Oxford y Licenciada en Ciencia Políticas y Relaciones Internacionales, por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
Twitter: @palmiratapia
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