La reforma a la Ley Minera no era necesaria para nacionalizar el litio. Ese elemento de la tabla periódica ha sido siempre propiedad de la Nación por mandato constitucional. Sin embargo, reservar su exploración, extracción y toda la cadena de valor que se genere alrededor de este recurso natural es un error que puede llevarle al Estado años de investigación y desarrollo, así como recursos económicos que no tiene.
Sin más investigaciones que una nota mal interpretada de Mining Technology, la cual informó que en Sonora estaba el depósito de litio más grande del mundo al revelar que contenía 243 millones de toneladas de reservas probadas y probables. Lo real es que son 243 millones de toneladas de arcilla y que con el desarrollo de tecnología podrían rescatarse 4.5 millones de carbonato de litio equivalente.
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La empresa que tiene una concesión lleva más de 10 años explorando y está en pruebas para extraer el litio de manera rentable. Hasta ahora no lo ha logrado porque en el mundo nadie ha desarrollado litio en yacimientos de litio contenido en arcilla. Con los cambios a la Ley Minera que aprobaron los legisladores sin discusión ni aporte de los técnicos y especialistas que sí saben de geología, minería y metalurgia, ahora mantienen en incertidumbre a cuando menos una decena de empresas que llevan a cabo exploración en prospectos de litio.
Apresurados porque el ejecutivo Federal “quiere vender la leche sin siquiera tener la vaca”, los expertos del Servicio Geológico Mexicano seleccionaron más 60 sitios con manifestaciones de litio de una lista de poco más de 80 (eliminaron los que están en Áreas Naturales Protegidas y en zonas indígenas).
Las evidencias de litio están en Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco y Michoacán. Los trabajos para detectar, cuantificar y evaluar si son económica y técnicamente rentables, podrían llevar al menos una década.
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Pero eso es lo menos importante. Si el Ejecutivo sigue creyendo que el litio es el oro blanco, está bien, que lo siga pensando. Lo verdaderamente preocupante es que la ley no deja claro que si reservar la cadena de valor del litio implica también, por ejemplo, la producción, envasado, traslado y comercialización de medicamentos de litio, utilizados para el tratamiento de enfermedades mentales. Así de grave sería el impacto para la industria farmacéutica y para los pacientes, porque el Estado nada tendría que hacer en ese caso.
Peor aún, en la ley indica que puede reservar también los minerales estratégicos que la Secretaría de Economía está clasificando como minerales críticos para la transición energética. En ese supuesto podrían estar: el cobre, plata, molibdeno, berilio, germanio, galio, indio, neodimio, hierro, boro, disprosio y el acero, por mencionar sólo algunos.
Por cada mil indicios de mineralización, 100 se convierten en proyectos de exploración y solo uno se concreta en mina. Ojalá, las investigaciones del SGM sean tan certeras que los más de 60 indicios resulten en minas y, en ese caso que el Estado tenga la capacidad económica para desarrollarlos.
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De la capacidad técnica no hay ninguna duda: México es un referente internacional en la minería y tiene a los mejores profesionistas y técnicos del mundo, con acceso a la tecnología más moderna para desarrollar cualquier tipo de mina.
Pero, quien conoce lo mínimo necesario de minería sabe que los yacimientos usualmente son polimetálicos y las concesiones no se otorgan para ciertos minerales, sino para lo que logren localizar y extraer en condiciones comerciales óptimas.
Por eso, el tema crítico de esa ley aprobada sobre las rodillas en fast track es que la lista de los minerales críticos para la transición energética afecten proyectos que están en exploración y desarrollo, porque se trata de inversiones millonarias y miles de empleos.
La ley no es retroactiva y los cambios a la Ley Minera no tendrían que impactar a las concesiones vigentes, pero el texto legal no lo indica, así que de extender la exclusividad a esos minerales estratégicos, los daños serían devastadores para las industrias minera y energética, ya que México es el productor número uno en el mundo de plata y el noveno productor de cobre a nivel global, por señalar solo un par de metales que sí son estratégicos para el desarrollo de plantas de generación de energía convencional y de fuentes renovables; equipos de eficiencia energética, así como redes de transmisión y distribución de energía eléctrica.
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