Una mujer asesinada por la policía de Tulum, una avioneta desplomada en una laguna de Nichupté, un niño que pierde la vida en una atracción dentro de un parque de diversiones, vendedores de drogas ofreciendo sus productos en zonas turísticas a plena luz del día, clonación sistemática de tarjetas bancarias por parte de organizaciones criminales extranjeras… ¿Qué está pasando en Quintana Roo?
Nada, así como lo lee, no está pasando nada, o por lo menos eso es lo que refleja la anarquía en la que desde hace varias décadas vive este bellísimo estado de nuestra República, que dicho sea de paso, es la fuente principal de nuestros ingresos turísticos y es también la cuna de la milenaria cultura Maya.
Aunque sus vestigios arqueológicos datan desde el año 1800 antes de nuestra era, para nuestra actual realidad política, Quintana Roo es una entidad federativa relativamente joven (1974) que se ha constituido como un referente internacional, gracias a sus hermosas playas y al despliegue de una infraestructura turística altamente competitiva a nivel internacional.
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Sin embargo, desde hace años ha quedado claro que su “clase” política está muy por debajo de lo que podríamos esperar de una región tan altamente competitiva, lo anterior pudiera explicarse, como resultado de que la gran mayoría de su población (87%) vive en la zona costera y se conforma de connacionales llegados de otros estados del país y de migrantes de otros países que han visto en esta tierra la posibilidad de una mejor vida y mayores oportunidades.
Por lo anterior, el sentido de ciudadanía está desdibujado en la mayoría de sus habitantes y en consecuencia el sector público ha caído en manos de grupos políticos de muy bajo perfil, que han llegado al poder con la única premisa de hacer negocios y saquear las arcas completas del estado y los ayuntamientos que lo conforman.
Si bien, esto parece no ser algo distinto de la realidad nacional, el descaro y el cinismo de quienes han gobernado, o mejor dicho ultrajado a esta joya de la naturaleza (salvo muy pocas excepciones) han sido muestra fehaciente de hasta donde es posible transgredir las leyes y la justicia en este país.
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¿Ejemplos? Los ex gobernadores que han pisado la cárcel por corrupción (Roberto Borge y Mario Villanueva), intereses anti ambientales de Jorge Emilio González, paradójicamente el líder del Partido Verde, añada a esto la deuda adquirida para construcción de elefantes blancos como el “Centro Internacional de Negocios y Convenciones” o las miles de hectáreas de selvas y ecosistemas naturales que han sido afectadas y sacrificadas para pasar a manos de grandes empresas transnacionales y en el peor de los casos a compadres y amigos de los gobernantes en turno, todo esto auspiciado a su vez desde el poder central.
No es casualidad que el sistema estatal anticorrupción, posiciona a Quintana Roo como el segundo estado que más corrupción registra a la hora de hacer un trámite, sólo después de la Ciudad de México, dato sumamente revelador tomando en cuenta la disparidad respecto al peso demográfico de cada entidad.
En definitiva, este hermoso reducto del cuerpo nacional está impregnado de políticos que tienen muy claro (tal vez más que en otras entidades) para qué quieren llegar al poder: para enriquecerse. Y ésta de ninguna manera es una novedad, lo que sorprende es la desfachatez y la falta de gobernabilidad en la que se encuentra nuestro paraíso mexicano.
Contacto:
@jorgeivand
El autor es maestro en políticas públicas por la Universidad Panamericana, Director General de GobernArte S.C. ha ocupado cargos directivos en el sector público, la iniciativa privada y en medios de comunicación.
Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.
