A toda costa, el gobierno mexicano quiere proteger y rescatar a la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos. Para ello, impulsó la aprobación de la nueva Ley de la Industria Eléctrica que está en suspensión judicial indefinida y presentó la iniciativa para modificar la Ley de Hidrocarburos.
Desde el inicio de esta administración los ordenamientos y disposiciones regulatorias que buscan un papel más activo en el sector de CFE y Pemex, denominadas legalmente como Empresas Productivas del Estado, han sido echadas para abajo en los tribunales por inconstitucionales, así que el Ejecutivo Federal pensó que promoviendo cambios a la Constitución solventaría la situación, pero no es así.
La Ley de Hidrocarburos se concentra básicamente en limitar la participación de privados en las áreas de almacenamiento, comercialización y distribución de hidrocarburos y combustibles.
Sin embargo, el gobierno mexicano está pasando por alto que tiene obligaciones internacionales plasmadas en acuerdos comerciales. Es el caso del Tratado México, Estados Unidos, Canadá (TMEC) y el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP), por lo que antes de enviar cambios legales, debió tratar de negociar cláusulas de esos acuerdos con sus contrapartes, a fin de evitar pisar tribunales internacionales. Incluso tendría que hacerlo en el caso del acuerdo global con la Unión Europea, que estará listo a finales de este año.
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Los países con los que mantiene acuerdos comerciales invierten en México bajo el régimen constitucional actual y, si se ven afectados por leyes que apruebe el Congreso de la Unión, tienen derecho a iniciar páneles arbitrales para pedir resarcir el daño que les causen los cambios de reglas, opina Kennet Smith, consultor que fungió como Jefe de la Negociación Técnica de México para la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
El hecho de cambiar la Constitución no exime a México del compromiso que tiene en los acuerdos internacionales. Puede cambiar su constitución, sus leyes y sus regulaciones porque es un país soberano, pero cualquier cambio jurídico tiene que ser compatible con los compromisos establecidos en los tratados porque están al mismo nivel de la Constitución. “Si violas los compromisos del tratado a través de un cambio constitucional estás sujeto a paneles arbitrales en el mecanismo de solución de disputas del tratado que estás afectando”, alertó el especialista.
Los países con los que ha suscrito acuerdos, pueden iniciar un panel y argumentar incluso, una expropiación indirecta si consideran que México modifica arbitrariamente las condiciones a través de las cuales empresas de esos países hicieron sus proyecciones financieras, obtuvieron el financiamiento y establecieron sus proyectos, haciendo inviables sus inversiones a largo plazo, especificó.
Además de proteger y rescatar a las empresas del Estado para alcanzar la tan anhelada soberanía energética -que forma parte de la narrativa de este gobierno-, con estos cambios a las leyes se pretende inhibir acciones ilícitas e irregulares que están cometiendo algunos actores privados que compiten de manera deshonesta en el mercado.
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Nadie puede estar contra de que se frenen los ilícitos y las irregularidades. Al contrario, todos estamos de acuerdo en que se debe frenar el robo de combustibles que ha significado pérdidas al Estado por más de 23 mil millones de pesos, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero si continua tratando de establecer leyes unilaterales gastará en disputadas legales mucho más de lo que ahora está perdiendo.
Si el gobierno mexicano detecta simulación de operaciones comerciales, trampas, evasión de impuestos o actividades ilícitas, puede frenarlos, porque los tratados contemplan el derecho soberano y legítimo a proteger el mercado sin necesidad de imponer leyes y regulaciones que lo distorsionen o inhiban la inversión; de otra manera, coloca a México en un estado de indefensión por no negociar cláusulas de los tratados ya suscritos.
Con el par de iniciativas en materia energética lo único que se está logrando es ahuyentar las inversiones en este momento en que se requiere la reactivación de la economía deteriorada no sólo por la pandemia sino también por decisiones erróneas en la política pública.
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