A 45 años de la reforma política de 1977, hoy se abre la posibilidad de una nueva reforma política electoral impulsada por el titular del Poder Ejecutivo, en el marco del cuarto año de mandato presidencial y de cara a elecciones claves a realizarse en 2023 y 2024. De manera similar a la reforma de 1977 la de ahora fue comprometida y es auspiciada desde el partido en el poder, pero sin el componente de presión por parte de fuerzas sociales y políticas para cambiar el sistema y hacerlo más incluyente.
El debate sobre la reforma del presidente López Obrador se ha centrado en la nueva forma en que serían nombrados Consejeros y Magistrados Electorales. Pero más allá de este debate mediático, la reforma contiene una propuesta más profunda por sus eventuales efectos en la distribución del poder político en el Congreso. En líneas generales, la reforma propone modificar el método de asignación de los miembros de las Cámaras del Congreso de la Unión, de tal forma que la integración del Poder Legislativo sea más representativa de la pluralidad política del país.
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La reforma de 1977 apuntó a construir un modelo electoral un poco más incluyente de otras fuerzas políticas a través de medidas como la incorporación de 100 diputados de representación proporcional. Desde entonces, el método de asignación de curules se ha mantenido estable en lo esencial, aunque el procedimiento ha tenido ajustes menores en las reformas de 1986, que aumentó a 200 el número de diputaciones de representación proporcional, así como las 1990, 1993 y 1996.
Luego de más de cuatro décadas de vigencia del modelo electoral mixto mexicano, la propuesta de reforma del Ejecutivo podría modificarlo. Se plantea que la Cámara de Diputados quede conformada por 300 curules, ya no 500, mientras que el Senado de la República quede integrado por 96 escaños, ya no 128. Pero además de la disminución del tamaño de ambas Cámaras, la propuesta de reforma propone cambiar el método de asignación de curules. La elección de la Cámara de Diputados sería a través de un sistema de 32 listas votadas por cada entidad federativa, y la de Senadores también por listas, tres por cada entidad federativa. En ambos casos, las curules serían asignadas según el número de votos obtenidos por los partidos políticos y candidaturas independientes a nivel estatal y sobre un criterio poblacional. En suma, se propone pasar de candidaturas uninominales por cada uno de los 300 distritos más 200 diputados plurinominales, a un escenario de únicamente candidaturas plurinominales por entidad federativa.
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Con este cambio, la representación en el Congreso se podría acercar de manera más fiel a la diversidad de preferencias electorales del país, al reflejar con mayor precisión los porcentajes de votación obtenidos por los partidos con los porcentajes de curules que éstos obtengan en las Cámaras. Un elemento sorpresivo de la reforma, si se considera que el actor proponente lo hace desde la palestra presidencial, y ante la expectativa de seguir siendo una opción política altamente competitiva en las elecciones por venir.
Las ventajas de un modelo electoral preponderantemente proporcional podría ser parte de la respuesta a la crisis de legitimidad por la que pasan los partidos políticos en México. Además, se inscribe en un debate vigente que alcanzó un álgido momento con la decisión del INE de tomar medidas adicionales para “proteger” la representatividad del voto en la elección de 2021, derivado de una imputada sobrerrepresentación de la Coalición “Juntos Haremos Historia”, en 2018.
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Es de esperarse una posición en contra a esta propuesta por parte de los partidos más pequeños, al hacer aparentemente más complicado que alcancen una curul por entidad federativa. Un aspecto más importante se vislumbra en términos de los incentivos que este esquema podría alentar entre partidos políticos y candidatos con respecto a la ciudadanía. Una mayor representatividad y legitimación del Congreso podrían verse potencializados si los votantes tuviéramos la posibilidad de influir en el orden de los candidatos que integren las listas por entidad federativa. Éste y otros detalles son lo que tendrían que ser analizados por los actores políticos si hay la voluntad de mejorar nuestro sistema de representación política.
Contacto:
Maestra en Políticas Públicas por la Universidad de Oxford y Licenciada en Ciencia Políticas y Relaciones Internacionales, por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
Twitter: @palmiratapia
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